Jarro de agua fría para quienes esperaban un gesto de distensión entre España y Cataluña. Contra todo pronóstico, el Tribunal Supremo decidió desestimar el recurso de apelación presentado por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras para salir en libertad, dos meses después de que ingresara en la cárcel acusado de delinquir contra la unidad del Estado.

De nada sirvieron sus palabras apelando ante los jueces de que es un hombre “de paz y dialogante”. Tampoco surtieron el efecto deseado los argumentos presentados por sus abogados sobre la inexistencia de una base jurídica sólida que justifique el mantenimiento en prisión de Junqueras. La justicia no entiende de estrategias políticas.

Los tres magistrados del TS que el jueves aplazaron su deliberación decidieron ayer por unanimidad que siga encarcelado al considerar que el líder de Esquerra República no ha abandonado la vía soberanista unilateral que en octubre llevó a Cataluña al borde del despeñadero. Para los jueces sigue existiendo un alto riesgo de que Junqueras reitere en su conducta delictiva si queda libre.

En un auto de 25 folios que nadie esperaba, el tribunal asegura tener indicios de la comisión por parte de Junqueras de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. “Existe un riesgo relevante de reiteración delictiva al no existir ningún dato que permita entender que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora”, recoge la resolución.

Esa vía sería la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Para los tres magistrados no existen dudas de que el ahora candidato a ocupar la presidencia catalana se escudó en su cargo anterior, el de exvicepresidente de la Generalitat, para “alzarse contra el Estado español, contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico”.

Con este auto, el Supremo zanja toda posibilidad de que Junqueras pueda proclamarse nuevo presidente de la Generalitat en las próximas semanas y allana el camino de la instrucción por el delito de rebelión, o en su caso el de sedición, inexistente hasta ahora en España.

Una causa que mantiene en prisión al exconseller de Interior, Joaquim Forn, y a los presidentes de las asociaciones civiles ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Se da por descontado que Carles Puigdemont seguirá huido en Bélgica, junto a cuatro de sus principales colaboradores en el Govern que proclamó la independencia el 27 de octubre pasado

Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar. Especialmente activas fueron las organizaciones civiles soberanistas catalanas que consideran la decisión judicial como “un ataque a la libertad de pensamiento en España”.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue inusitadamente dura. En una entrevista en Radio Barcelona calificó el auto del Supremo como una “locura y una absurdidad más allá de las ideas que tenga cada uno”. Además, profetizó que se trata de una “mala” noticia para la democracia.

“Las discrepancias en política no sólo son legítimas, sino que son positivas y necesarias, pero deben resolverse políticamente, no judicialmente”, concluyó.

El resto de líderes y formaciones se centraron más en celebrar el 80 cumpleaños del rey emérito Juan Carlos I que en una resolución extremadamente sensible la víspera de una festividad como la de los Reyes Magos que en España se celebra por todo lo alto. (I)