Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, sorprendió en junio pasado al referirse a la exorbitante deuda pública de su país, con más de $ 73.000 millones, como “impagable”. Este hecho ha marcado un punto de inflexión en la relación de la isla con Estados Unidos.

La subordinación política que siempre ha tenido la isla con EE.UU. es el principal detonante de esta debacle económica, según los expertos de todas las ramas políticas y económicas.

En contexto, Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, cuando estalló la guerra hispano-estadounidense. Desde entonces la isla es un territorio no incorporado de EE.UU. con estatus de autogobierno que está sujeto a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la Cláusula Territorial.

Bajo esos parámetros, en la década de 1980, Washington instó a la isla a convertir su industria agrícola en manufacturera, luego -en su momento de mayor auge- retiró todos los estímulos industriales, lo que causó el masivo cierre de fábricas y el despido de miles de trabajadores. Según el portal Hispantv, esta maniobra expuso la falta de capacidad de la isla para contrarrestarlo.

Para el periodista puertorriqueño Gabino Iglesias, la crisis económica es el resultado de una suma de malos gobiernos y de parches momentáneos que no arreglaron nada.

“Puerto Rico es un país que vive de la manutención; la mitad de la población vive de ayuda gubernamental. Este es un sistema que no es sostenible y por ende termina reventando”, explica en un entrevista telefónica con EL TELÉGRAFO.

El corresponsal del diario El Nuevo Día cuenta que la isla es un país donde no hay dinero, no hay trabajo, motivo por el que los jóvenes puertorriqueños -que serían el futuro del país- migran a donde puedan tener verdaderas oportunidades.

Es que, pese a estar en medio del Caribe, la ‘Isla del Encanto’ no ha podido desarrollarse como centro de enlaces y servicios marítimos regionales, al encontrarse reducida a ser cliente menor de la Marina norteamericana de cabotaje.

Sitiada por la falta de liquidez de emergencia, tampoco puede reorganizar en su propio interés sus relaciones económicas, comerciales y financieras con Estados Unidos a través de la negociación de un tratado comercial, como los países centroamericanos y la mayor parte de los estados ribereños de la cuenca del Caribe. Tampoco puede  decidir su esquema de relaciones con los países europeos o del Pacífico asiático.

De acuerdo con un informe realizado por execonomistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la isla del Caribe padece de “problemas estructurales, shocks económicos y finanzas públicas débiles” que la llevaron a una década de estancamiento, emigración y deuda.

Con una población de 3,5 millones de habitantes, en los últimos años Puerto Rico perdió 144.000 ciudadanos -que migraron-, lo que ocasionó una caída cercana al 3% de su población. El 40% de las familias que sigue en la isla está bajo la línea de la pobreza y el 42% de quienes se van lo hacen en busca de empleo.

Migración

“Hace ya varios años que estamos sintiendo los golpes de la situación económica. Las familias están muy apretadas de presupuesto. Mucha gente ha perdido sus trabajos y sus hogares”, indica Esther Rodríguez, quien formó parte del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), uno de las nuevas listas emergentes en Puerto Rico.

A mediados del siglo XX, Washington exhibía a Puerto Rico como la ‘Vitrina del Caribe’, la ‘Isla del Encanto’, el modelo soñado para los países mesoamericanos y unos decenios después igualmente lo hicieron los predicadores neoliberales y los apologistas de los tratados de libre comercio. Sin embargo, hace ya un par de décadas la economía de la isla se congeló y hace 10 años constituye una catástrofe cuyas crecientes calamidades atormentan el empleo, la alimentación, la seguridad social, la salud, la criminalidad y la estructura demográfica de la población.

Ahora una deuda pública impagable dio pie a que The Economist califique a la isla como la ‘Grecia del Caribe’.

Según el último número de la publicación especializada Puerto Rico Economic Pulse, elaborada por la consultora H. Calero, la cuestión demográfica es clave para solucionar o agravar los problemas locales. Según sus cálculos, en Puerto Rico se seguirá perdiendo una media del 2,3% de la población cada año, hasta al menos 2019, cuando el retroceso podría contenerse hasta el 0,5% anual.

Aquello contribuirá a que el empleo no agrícola siga bajando hasta tocar fondo hacia 2020, cuando se habrá contraído un 15% respecto de 2014. A partir de entonces y durante cinco años podría empezar a crecer a una tasa anual del 1,8%.

“En Puerto Rico no se produce, no hay turismo que realmente aporte, el Gobierno está atiborrado de empleados innecesarios y de oficinas ineficientes. Si a eso se le suma el éxodo masivo de jóvenes brillantes y una ciudadanía con un 50% de individuos aprovechándose del Gobierno, el resultado es la nación rota que estamos viendo ahora”, apunta Iglesias.

Aunque la crisis económica de Puerto Rico se ha comparado mucho con Grecia, este periodista acota que, aunque ambas crisis guardan relación en términos de déficits estructurales y deudas impagables, en Atenas habría un poco de falsedad en lo que respecta a producción.

“En Puerto Rico la producción  nunca se dio. En mi país no hay mercado tecnológico, la educación no nos convierte en paraíso intelectual para extranjeros, no hay agricultura, no hay sistemas de turismo que nos permitan competir con los  lugares más cercanos, como Costa Rica y República Dominicana, y el dinero que se mueve en la calle es precisamente generado en la calle”, esclarece.

El 14 de julio, la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s rebajó su nota para Puerto Rico de CC a CCC-, equivalente a un default prácticamente inevitable, alegando que el territorio deberá pagar a acreedores menos del valor nominal por sus papeles.

Las autoridades puertorriqueñas indicaron que estaban interesadas en intercambiar algunas de sus obligaciones por nuevos títulos con valor nominal inferior. Puerto Rico posee casi $ 900 millones en títulos que vencen en el año fiscal de 2016, pero solamente $ 778 millones de liquidez.

Informe Krueger

Sin capacidad para concebir otra cosa, el Gobierno contrató a una exjefa de economistas del Banco Mundial, Anne Krueger, para que establezca la hoja de ruta que saque al país del atascadero.

El informe Krueger empezó por reconocer que el problema no viene del flujo de efectivo, sino del largo atasco del crecimiento, pero de allí derivó el conocido paquete neoliberal de recomendaciones, que enseguida despertó el rechazo de sus víctimas.

Entre otras cosas, demandó rebajar el salario mínimo, exigir más horas de labor, eliminar el Bono de Navidad, disminuir a la mitad las vacaciones pagadas, alargar el período de prueba de nuevos trabajadores (hasta ahora de 6 meses) a 2 años, facilitar el despido de estos sin consecuencias para el patrono, elevar diversos impuestos, eliminar las amnistías contributivas, cesar parte de los maestros de la enseñanza pública y reducir el salario de los restantes (ya que al disminuir la población bajó la matrícula), recortarle el subsidio a la Universidad de Puerto Rico, entre otras sugerencias.

Inmediatamente la Unión General de Trabajadores (UGT) denunció que tales políticas no figuran en el plan de gobierno por el que se votó en las pasadas elecciones, ni en el plan de ningún otro partido, y reclamó que las medidas que el grupo de trabajo designado por el Gobierno decida adoptar se sometan a referendo, para que el pueblo decida si las avala o repudia. Con lo cual crece una perspectiva similar a la de Grecia, ya no por el volumen de la deuda, sino por el rechazo de la población a los nuevos sacrificios que el Gobierno pretenda imponer para apaciguar a los acreedores.

Los expertos subrayaron que si no se acomete un paquete de reformas, Puerto Rico no podrá seguir adelante, aunque García Padilla ha rechazado algunas de las propuestas, una de ellas es eximirse de pagar el salario mínimo federal a los empleados.

En un tema relacionado con los sueldos, Esther Rodríguez, catedrática retirada de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, menciona que el Gobierno tiene contratos con diversas compañías e individuos particulares. “Son contratos escandalosamente onerosos para el país, se gastan millones de dólares en contratos que muchas veces carecen de causa”, manifiesta la también jurista.

Sobre este punto, Iglesias afirma que es difícil deshacer tanto error. “Recortes severos y una buena dosis de honestidad, aunados por una reevaluación de lo que los puertorriqueños llamamos el mantengo, es un buen comienzo”.

Finalmente, el viernes, la directora de la Oficina de Comunicaciones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Betsy Nazario, certificó que el informe de Anne Krueger ‘Puerto Rico: A Way Forward’ se distribuyó a la prensa con el titular de ‘Resumen ejecutivo’. Esto en respuesta a un requerimiento de la jueza Aileen Navas en el caso que llevan el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y que incluye varias solicitudes de información pública que no se ha logrado obtener de otra forma.

Aquello implica que el Gobierno pagó alrededor de $ 400 mil por la elaboración del documento que consta de 26 páginas. El informe enfatiza un diagnóstico sobre la crisis económica de Puerto Rico y recomienda principalmente medidas de austeridad, aunque no explica cómo llegó a esas sugerencias o qué resultado neto tendrían las mismas en las finanzas públicas. (I)