Las medidas que el Gobierno español ha decidido aplicar en Cataluña para sofocar el conflicto independentista han comenzado a recibir duras críticas. Los primeros en alzar la voz han sido varios dirigentes históricos del Partido Socialista de Cataluña (PSC), una formación vital en el equilibrio nacional de fuerzas en el PSOE, que mediante un comunicado difundido ayer cuestionan seriamente el apoyo que la dirección socialista ha prestado a la intervención de la Generalitat catalana.

Si el sábado, una de las figuras destacadas de la socialdemocracia catalana como la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, anunció su dimisión de la ejecutiva nacional del PSOE, ayer fueron personalidades muy respetadas del partido como Raimon Obiols , Jordi Font y Eduard Rivas, quienes rechazaron tajantemente la aplicación de un artículo que califican de “abusivo” como es el 155.

Este malestar deja al PSC en una situación muy delicada y al borde una profunda crisis, máxime después de haber escuchado ayer a la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciar que la intervención del autogobierno catalán podría alargarse aún más de los 6 meses inicialmente previstos si la normalidad institucional no se restablece.

Al menos, el ejecutivo de Mariano Rajoy abrió ayer una puerta para evitar la tragedia, la que debería traspasar el president Carles Puigdemont con la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña, lo que evitaría la declaración unilateral de Independencia (DUI) y serviría para desactivar la apabullante maquinaria intervencionista que conlleva el artículo 155 en una autonomía española.

Esa última oportunidad para Puigdemont expuesta ayer por la vicepresidenta del ejecutivo español llegará el jueves, el día que el Senado ha fijado la sesión extraordinaria para que el Govern presente las alegaciones que considere oportunas para evitar la suspensión traumática de la autonomía en Cataluña. Aunque todo indica que Puigdemont acudirá el jueves a su cita con el Senado, la mayoría absoluta del PP ejercerá el viernes su rodillo en la Cámara Alta si no renuncia a la DUI y la aplicación del artículo 155 ya tendrá vuelta atrás.

Por lo que pueda suceder ese día, la mesa del Parlament de Cataluña también ha convocado un pleno extraordinario el jueves a primera hora para debatir las excepcionales medidas que conlleva una intervención calificada por los sectores más críticos como “la quiebra del pacto democrático” vigente en España desde 1976. Fuentes cercanas al Govern consultadas por El Telégrafo señalaron ayer que Puigdemont podría declarar durante ese pleno la República de Catalunya para, a continuación, viajar a Madrid.

Otra de las polémicas incendiarias que han suscitado la medidas que aplicará el Ejecutivo de Rajoy en Cataluña es la intervención de los medios de comunicación públicos dependientes del Govern, que pasarán a ser controlados por una comisión de expertos designados en Madrid.

El Consejo de Informativos de Radio Televisión española (RTVE) emitió ayer un comunicado donde se critica con dureza esta decisión, al considerar que la intervención de los canales autonómicos Catalunya Radio y TV3 “no garantizará la transmisión de una información veraz, equilibrada con el pluralismo político” porque, en su opinión, tampoco lo han hecho en los medios públicos nacionales. (I)