La hermana del rey de España, Cristina de Borbón, declarará ignorancia ante la presunta malversación imputada a su marido, durante el juicio en el que ella está acusada por su parte de fraude fiscal, afirmaba este miércoles la prensa.

"Dado que la confianza entre los cónyuges era plena, nunca se celebraron formalmente juntas de socios", escriben sus abogados en un escrito de defensa entregado al tribunal y publicado parcialmente por varios diarios españoles.

Optan así por una línea de defensa basada en la confianza ciega de una esposa en su marido.

Cuatro años después de la apertura de una investigación que sacudió a la monarquía, el juez instructor José Castro ordenó el 22 de diciembre el procesamiento de Cristina de Borbón, hermana de Felipe VI. Algo inédito en la monarquía española.

La infanta, de 49 años, está acusada de delitos fiscales en relación con los negocios de su esposo, el exmedallista olímpico de balonmano, Iñaki Urdangarin, de 47 años.

Este último es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener contratos de dos gobiernos regionales mediante una entidad sin ánimo de lucro, en Instituto Noos, que él presidía. Las cantidades concernidas ascienden a 6,1 millones de euros (6,6 millones de dólares).

El juez Castro sospecha que Cristina cooperó "activamente" con Urdangarin utilizando para fines personales una parte del dinero presuntamente malversado, mediante una empresa pantalla, Aizoon, propiedad de ambos a partes iguales.

"Desde el día de su constitución el único administrador de Aizoon fue Don Iñaki Urdangarin", estando Cristina "completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de la compañía", escribían los abogados de la infanta.

"Se limitó a rubricar sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmara en su condición de socio", aseguran.

"No tuvo absolutamente ninguna intervención en el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de Aizoon", agregan en respuesta a las acusaciones de delito fiscal.

El cuñado del rey será juzgado por malversacion, delito fiscal, tráfico de influencias, estafa y blanqueo. El fiscal ya pidió para él 19 años y seis meses de cárcel.

En cuanto a la infanta, la fiscalía, mucho más clemente, había pedido el archivo de la causa.

Un total de 17 personas deben comparecer ante el tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterréneas islas Baleares, en una fecha aún por determinar. (I)