Un día después de la gran manifestación independentista en Barcelona, la fiscalía movilizó este martes a la policía para impedir el referéndum de autodeterminación convocado en Cataluña por el gobierno de esta región española a pesar de la prohibición judicial.

La instrucción, difundida por la fiscalía en un comunicado, va dirigida "a todas las unidades de policía" que operan en la región, pidiéndoles que actúen contra autoridades, funcionarios o particulares, "a fin de evitar la consumación de los delitos", es decir, el escrutinio del 1 de octubre.

Las órdenes fueron transmitidas personalmente a las cúpulas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, la policía regional dependiente del ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, a quienes piden actuar contra sus superiores políticos.

"Los funcionarios policiales (...) procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal", dice la instrucción.

Entre estas medidas, especifica la requisación de "urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal".

El gobierno independentista de Carles Puigdemont fue denunciado por la fiscalía por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación al convocar este referéndum a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional.

A pesar de las advertencias judiciales y del gobierno español de Mariano Rajoy, los dirigentes catalanes no piensan detener sus planes y si los independentistas se imponen en la votación, pretenden declarar la secesión de esta región de 7,5 millones de habitantes.

El lunes recibieron el apoyo de cientos de miles de personas que se manifestaron en el centro de Barcelona por la independencia en la sexta movilización consecutiva de sus partisanos en ocasión de la 'Diada', el día de Cataluña.

Otras prioridades 

Sin rebatir directamente las instrucciones de la fiscalía, el portavoz del gobierno catalán señaló que las prioridades de este cuerpo policial son otras.

"La prioridad es (...) destinar todos los esfuerzos todas las energías y todos los efectivos a intentar combatir el yihadismo terroritsta delante del nivel de amenaza que hay", dijo en una rueda de prensa Jordi Turull.

La región se vio impactada por dos atentados yihadistas el 17 y el 18 de agosto con un atropello masivo en el popular paseo de las Ramblas de Barcelona y otro en la costera localidad de Cambrils que causaron 16 muertos.

Los Mossos d'Esquadra, una policía regional creada en 1983 en plena expansión de las competencias regionales, se encargaron de la investigación, siendo objeto de múltiples halagos y homenajes por parte de la población catalana.

Especial relevancia cobró su máximo comandante, Josep Lluís Trapero, sobre quien recae ahora la presión de la justicia.

Al suspender la convocatoria del referéndum, el Tribunal Constitucional lo advirtió de no colaborar en su celebración y este martes fue convocado en la fiscalía para recibir estas instrucciones.

"La confianza en las decisiones que tome Trapero es total y absoluta", dijo Turull, mientras que Puigdemont se mostró convencido de que "entre retirar urnas y velar por la seguridad de la gente, la policía sabrá que hacer".

Desde Madrid, el ministro de Justicia español Rafael Catalá recordó que "los Mossos están para servir a los ciudadanos, a todos, no a unos pocos".

Tensión en el Senado 

La tensión entre el ejecutivo central y los dirigentes regionales se evidenció en una sesión en el Senado, donde la vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría acusó a los independentistas catalanes de distribuir "carnés de catalanes buenos" y excluir a quienes no piensan como ellos.

"Quieren imponer la independencia en contra de la democracia", afirmó.

También en la capital, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley de transitoriedad jurídica, aprobada el jueves por la mayoría independentista del parlamento regional para regular la transición y fundación de una hipotética república independiente si ganan el referendo. (I)