La sorprendente estrategia de la defensa del Partido Popular (PP) para que el tribunal declare nulo el mayor proceso por corrupción de la historia en España y eximir así al principal partido político del país de toda responsabilidad en los negocios ilegales, urdidos durante años por dos exalcaldes que también están imputados en esta causa, quedó ayer reducida a cenizas por la implacable fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell. Su alegato para rebatir el débil argumento del letrado del PP para justificar su petición de nulidad fueron tan duros que la sala entera, repleta de acusados con sus respectivos equipos de abogados, enmudeció ante lo que se les puede venir encima en los próximos meses.

Sabadell pidió al tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga los hechos, que no acepte estas solicitudes porque los letrados de los 37 imputados en esta primera parte del ‘Caso Gürtel’ y del PP como persona jurídica de la trama “han tratado de intoxicar la causa” para anular un procedimiento con “abrumadora cantidad de pruebas” sobre la mesa. “Intoxicar este trámite revela un ejercicio de defensa oportunista, desenfocado y muy grave”, aseguró la fiscal en referencia al comportamiento mostrado por el abogado del PP en esta causa, Jesús Santos, un consumado penalista que antes de  formar parte de uno de los más poderosos bufetes del país, solo conoció el éxito y los halagos durante los 23 años en los que lideró la política judicial antiterrorista que se aplicaba en España.

Pero ni la infalible hoja de servicios de Santos ni siquiera la medalla de la Legión de Honor con la que Francia premió su consagrada lucha contra ETA (organización independentista del País Vasco) pareció intimidar a la fiscal Sabadell en su alocución. Más bien al contrario. La defensora del ministerio público recordó al abogado del PP que “se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley” para acusar al partido de Mariano Rajoy y que “conoce sobradamente de qué se le acusa” para que se pida la nulidad del procesamiento debido a la existencia de una indefensión manifiesta. La fiscal no terminó ahí sino que añadió que el PP “se vio beneficiado de fondos procedentes de la malversación y el cohecho en más de 245.000 euros ($ 272.880)”.  

Sobre la ilegalidad de las grabaciones a las que el defensor de los intereses del PP en esta primera fase de la trama, Gürtel, apeló para bloquear el juicio, las que ordenó Baltasar Garzón, Concepción Sabadell señaló que ya han sido expurgadas del procedimiento con el visto bueno del tribunal. Las defensas pretendían que esa resolución contra Garzón, que sirvió para apartarle del caso y finalmente para inhabilitarle en la carrera judicial, se convirtiera en la prueba de cargo que anulara toda la investigación. “Se trata de un uso abusivo y desmedido de la llamada teoría del árbol envenenado”, zanjó la fiscal anticorrupción.

En la jornada del lunes también quedó dilucidado que el probable próximo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no testificará “por el momento”, tal y como habían solicitado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) debido a que durante la actividad de la trama era secretario general del PP y presidente del partido “y por ello tendría que conocer lo que pasaba”.

El sumario judicial de esta primera fase de la mayor trama de corrupción de la historia consta de 80 tomos en el que están imputados un centenar de personas, empresarios de 25 compañías pero también decenas de políticos vinculados al gobernante PP durante la época de la burbuja inmobiliaria.

La investigación judicial comenzó en 2009 por orden de Baltasar Garzón y siempre ha sido foco de múltiples controversias políticas al constatarse el papel central que desempeñaban un sinfín de cargos públicos del PP en la compleja red de pagos ilegales y malversación de fondos diseñada por el cerebro de la trama, un empresario amigo del expresidente del gobierno José María Aznar llamado Francisco Correa. Para él hay una petición fiscal de 10 años de cárcel y una indemnización superior a los 60 millones de euros ($ 67 millones). La mayor condena para el cabecilla de un entramado que, según los cálculos judiciales, pudo estafar casi 500 millones de euros ($ 557 millones) del erario público. (I)