Los ecuatorianos que viven en España -más de 400.000, según la Senami (Secretaría Nacional del Migrante)- expresan también su rechazo a la nueva reforma laboral. Cuestionan, sobre todo, que ahora los despidos serán plena potestad del empleador.

Vladimir Paspuel, director general de la Asociación Ecuatoriana Rumiñahui, manifiesta a El Telégrafo que esta ley facilita al patrono la capacidad de despedir en cualquier momento con un informe que puede decir que en dos o tres meses la empresa no está funcionando lo suficientemente bien.

El dirigente, quien calcula que hay más de 100.000 connacionales desempleados, cuestiona también el hecho de  que antes las indemnizaciones por despido eran de 45 días por cada año trabajado, ahora solo serán 20. “El empleado se va con menos dinero, pasa a estar en una situación de vulnerabilidad, y no tendrá, por ejemplo, suficiente capital   para montar una pequeña empresa, solo tendrá para sobrevivir”, comenta.

De acuerdo con datos de la Senami en España, proporcionados a este diario, un 38% de la población ecuatoriana no cotiza a la Seguridad Social porque está desempleado. Es el caso de Daisy Silva, de 42 años y oriunda de Quito,  quien tiene ocho meses sin laborar, lo que ha generado que no pueda pagar las mensualidades de su hipoteca.

Esta madre de un joven de 17 años y que fue trabajadora administrativa de una empresa inglesa por diez años, no tiene esperanza de conseguir empleo, menos ahora con esta reforma, porque los empresarios, afirma, preferirán a   jóvenes para pagarles menos. “Ahora no tengo ganas de regresar a Ecuador y aquí se me están cerrando las puertas. Quiero mejor empezar de cero en otro sitio, no sé. Suiza puede ser”, comenta.

Aída Quinatoa, presidenta de la Conadee (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España) y portavoz de la Plataforma de Afectados de las Hipotecas, agrupación en la que calcula que hay entre 8.000 y 10.000 compatriotas  afectados por las ejecuciones hipotecarias, expresa que, con esta nueva ley, España ha retrocedido cien años. “Estoy tan indignada porque en mi empresa ahora me pueden echar cuando quieran. Nos están persiguiendo desesperadamente. No respetan ni a los españoles ni a los migrantes. Es un retroceso, una vergüenza”, reclama.

Quinatoa, quien trabaja 9 años en una perfumería con 7.000 compatriotas más, teme que si la indemnizan por despido no va a recibir nada y “todos los años laborados en España, toda la lucha, se van a ir al tacho de la basura”. 

Por ello, la compatriota reflexiona que lo que les queda a los extranjeros es buscar alternativas desde las bases, desde la sociedad civil, por lo que garantiza que los ecuatorianos participarán de la huelga general.