La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este miércoles que no abrirá una investigación sobre las violencias cometidas tras el golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras, por falta de elementos que permitan caratular la causa dentro de sus competencias.

La CPI admite que tras el golpe se cometieron "violaciones a los derechos humanos (...) y que estas fueron directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder", pero indica carecer de un "fundamento razonable" para catalogarlas como "crímenes de lesa humanidad" sobre los cuales el tribunal tiene la facultad para investigar.

"Quiero ser clara en el siguiente punto. De ninguna manera esta decisión minimiza los crímenes cometidos en Honduras o el impacto que tuvieron para las víctimas", dijo la fiscal, Fatu Bensuda, en un comunicado emitido por el tribunal de La Haya.

"No obstante, es preciso recalcar que la definición de crímenes de lesa humanidad (...) impone estrictos requisitos legales que distinguen esta categoría de crímenes de aquéllos originados en un contexto de violencia general, crónica y estructural", agregó.

"En caso de nuevos hechos o nuevas informaciones", la CPI "no dudaría en reabrir el examen preliminar sobre la situación" en el país centroamericano, indicó.

La CPI había abierto en octubre de 2011 una "investigación preliminar" para determinar si hubo crímenes que entren dentro de su competencia en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya, encabezado por Roberto Micheletti.

El día del golpe, Zelaya fue aprehendido por miembros de las fuerzas armadas y trasladado a Costa Rica por la fuerza.

Las manifestaciones contra el golpe fueron "severamente y, en algunos casos, violentamente reprimidas" y se produjeron "violaciones a los derechos humanos en gran escala", afirma el comunicado de la CPI al recordar el contexto de la época.

"En los años posteriores al golpe de 2009, la violencia en Honduras continuó en aumento, debido en parte a la inestabilidad política generada por el golpe, pero también como resultado de la expansión de las organizaciones criminales y de narcotráfico, la proliferación de armas y la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad ciudadana", prosigue.

"En este contexto, la falta de suficientes investigaciones y enjuiciamientos por las autoridades nacionales ha agravado el ciclo de criminalidad e impunidad en Honduras", concluye. (I)