La última encuesta de Datafolha indicó que el 51% de los brasileños no creen que se terminará la corrupción en el país, pese a los tres años de la Operación Lava Jato. Sin embargo, el pulso político de la causa anticorrupción levanta pasiones políticas e incluso pueden marcar escenarios para las elecciones del próximo año para elegir al sucesor de Michel Temer.

Habrá un choque de titanes de la megacrisis política brasileña: la Operación Lava Jato iniciada hace tres años encontrará el miércoles, frente a frente, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y al juez Sergio Moro, uno de los puntos más altos de atención nacional.

La mayor operación contra la corrupción está empantanada en el debate político y también en la actuación política de los fiscales y del juez Moro, arrastrados también por la crisis económica.

Lula declarará como acusado en el juicio que le sigue Moro, que aceptó una denuncia de la fiscalía que indica que el exmandatario recibió como dádiva de la constructora OAS un apartamento en el balneario de Guarujá. El detenido dueño de OAS, Leo Pinheiro, cercano a Lula, dijo que el expresidente le pidió en 2014 borrar pruebas de contribuciones ilegales al Partido de los Trabajadores (PT).

Lula niega los cargos y acusa a Moro de persecución y de trabajar para la derecha política del país.

La causa, una de las cinco contra Lula, es importante porque si el expresidente es condenado en primera y segunda instancia, estará inhabilitado a participar de las elecciones el próximo año, para las cuales es amplio favorito. Lula denunció a Moro ante la  Organización de las Naciones Unidas (ONU) por persecución política.

En ese marco, Moro, cuestionado por el mundo jurídico por usar la prisión preventiva como coacción para que el detenido se adhiera  a la delación premiada, recibió en los últimos días golpes de instancias superiores que hasta ahora, por influencia mediática, le respetaban.

El caso más emblemático fue el que ocurrió el miércoles, con la decisión del Supremo Tribunal Federal de soltar para prisión domiciliaria al exjefe de ministros José Dirceu, hombre fuerte del PT. Está condenado a 32 años de prisión en primera instancia porque Moro consideró que el dinero de su empresa consultora fue abastecido por sobornos de empresas constructoras de la Lava Jato.

Dirceu, un exguerrillero fundador del PT y hombre fuerte del partido, es todo un símbolo para la izquierda brasileña por su pasado, pero su trayectoria fue arruinada por estas condenas y la anterior, en el escándalo del mensalao que afectó a la presidencia de Lula.

La corte decidió que hasta no tener sentencia firme Dirceu puede esperar en su casa el fallo. Moro lo liberó y le puso una tobillera electrónica. Los fiscales de la Operación Lava Jato que trabajan junto con el juez Sergio Moro desde Curitiba, capital del estado de Paraná, reaccionaron con indignación contra la decisión del máximo tribunal de haber concedido un habeas corpus a Dirceu, de 71 años.

“Las esperanzas puestas en la corte, que es la más alta corte del país, están frustradas”, escribió el jefe del equipo de fiscales de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol.

“Lo que hicieron los fiscales es casi un jueguito juvenil”, denostó el juez de la corte Gilmar Mendes, un enemigo acérrimo del PT cuyo voto fue clave para obligar al magistrado Moro a sacar de la cárcel a Dirceu, jefe de gabinete de Lula entre 2003 y 2005.

El defensor del expresidente Luiz Lula da Silva y del exministro de Economía Antonio Palocci, José Roberto Batocchio, aplaudió a la corte: “Se terminó el derecho penal de terror”. Moro defiende su alianza con la cadena Globo, históricamente enemiga política de Lula, como forma de ganar adeptos hacia la investigación.

Tras el fallo, grupos de la derecha que apoyan al juez Moro como una celebridad,  se manifestaron frente al Supremo Tribunal Federal, en la noche del martes y gritaban “Gilmar traidor”. Es que Mendes es un abierto crítico del PT y no esconde sus preferencias por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que ahora gobierna en coalición con Temer. El hoy juez fue abogado general del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quien lo propuso a la corte.

Pero en las últimas semanas Mendes se unió a gran parte de la comunidad jurídica que cuestionaba que las prisiones dictadas por Moro apenas estaban buscando que los detenidos se adhieran a las delaciones premiadas, tal como lo hicieron varios condenados y los 77 ejecutivos de la empresa Odebrecht, para obtener beneficios. Las delaciones, sin pruebas, son apenas testimonios.

La queja de los fiscales de la Operación Lava Jato llega también una semana después de que el Senado, por unanimidad, aprobó elevar las penas por abuso de autoridad a jueces, fiscales y comisarios. Fue un recado de la clase política, en medio del descalabro generado por el caso de corrupción de Petrobras iniciado en 2014, para llamarla, en forma despectiva, “República de Curitiba”.

En este marco, la Corte Suprema ordenó la apertura de más de 300 expedientes sobre corrupción en las empresas públicas, Petrobras una de ellas, como parte de un sistema de financiación ilegal de la política que está vivo desde los años ochenta, cuando el país reinstaló el sistema democrático con la Constitución de 1988 tras la dictadura militar (1964-1985). (I)