Los cimientos del sistema político brasileño y de la gigante petrolera estatal Petrobras están siendo sacudidos por la mayor operación anticorrupción de la historia, que involucra a todos los partidos políticos y a las principales empresas constructoras del gigante sudamericano, con un puñado de ejecutivos detenidos.

Para varios analistas, el caso puede disparar el reacomodamiento del sistema de partidos, como ocurrió en Italia luego de que a inicios de los años noventa los fiscales de Milán lanzaron la operación Manos Limpias, que golpeó a la financiación ilegal de la política y que permitió a nuevos actores ingresar al juego democrático tras el derrumbe de los partidos tradicionales, como el magnate Silvio Berlusconi.

“Este caso cambia la historia del país”, dijo la presidenta Dilma Rousseff, en medio del escándalo que ha puesto políticamente contra las cuerdas a gran parte del gobierno, ya que Petrobras, empresa estatal de capital abierto que cotiza en la Bolsa de Nueva York, está en manos del Partido de los Trabajadores (PT) desde 2003.

Es que apenas no fueron detenidos dos exdirectores de Petrobras, como Fernando Duque y Paulo Costa, echados en la gestión Rousseff, sino miembros de las gigantes contratistas del país y de América Latina, como Camargo Correa.       

Negocios involucrando 10.000 millones de dólares que se hacían entre Petrobras y las contratistas de la construcción civil desde 1999, época del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, tenían una red de sobornos del 3% por cada contrato.     

Pero la principal golpeada por la investigación del juez Sergio Moro, quien se ha convertido en una suerte de paladín contra la corrupción, por el momento es la presidenta Rousseff, reelecta el 26 de agosto con apenas 3 puntos de diferencia por sobre su rival, el senador Aecio Neves.

El escándalo de sobreprecios para abastecer legal e ilegalmente en la empresa Petrobras ocurrió cerca de las narices de Rousseff:  ella fue ministra de Minas y Energía del gobierno de Luiz Lula da Silva entre 2003 y 2005, presidenta del Consejo de Administración de Petrobras en el mismo período y jefa de la Casa Civil (ministra coordinadora) entre 2005 y 2010.

La semana que pasó, María das Gracas Foster, titular de Petrobras aliada de Rousseff, explicó que la empresa rompió los protocolos con el mercado financiero al postergar, a raíz del escándalo de corrupción, el balance del tercer trimestre. El motivo es hacer cuentas y poner en los balances anuales el dinero que se fue por la corrupción.

La presidenta, que nunca tuvo vinculaciones con situaciones de corrupción, intenta recuperar la iniciativa política y mantiene reuniones con Lula para anunciar su gabinete y sobre todo el ministro de Economía que reemplace al desarrollista Guido Mantega.

Es certeza que habrá señales de austeridad en el gasto corriente del gobierno para mostrar “confianza” al mercado, tal como lo anunciaron varios voceros oficiales.  

En el medio, la derecha no le ha dado respiro a Rousseff ni luna de miel tras su reelección. Unas 10.000 personas en todo el país, la mayoría en la ciudad de Sao Paulo, reclamaron el juicio político de la mandataria por el caso de Petrobras y el regreso de la dictadura militar.

Al mismo tiempo, movilizaciones de izquierda, incluidos los movimientos sociales aliados al PT,  reclaman que Rousseff haga lo que intentó y fracasó por culpa de sus aliados conservadores: un plebiscito para una Asamblea Constituyente que permita una reforma política.

El escándalo de Petrobras abasteció a las campañas electorales del PT y de sus aliados, pero se sospecha que todos los partidos fueron irrigados por donaciones legales o ilegales producto de la sobrefacturación de obras de las constructoras.

Por ejemplo, la campaña del opositor Neves recibió unos 3 millones de dólares de donaciones de las empresas acusadas.

El gobernante PT defiende una reforma política para evitar donaciones de empresas a las campañas electorales. La propuesta es que dinero público sea distribuido a los partidos en forma equitativa y se acepten apenas donaciones de militantes.

Esta semana Petrobras echó a dos ingenieros sospechosos de participar en la red de sobornos por la cual están detenidos directivos de las constructoras Camargo Correa, OAS, UTC, Mendes Junior, Engevix y Galvao Engenheria.

La policía allanó también oficinas de la gigante Odebrecht. El caso estalló a inicios del año con la prisión del exdirector de Petrobras Costa, un funcionario de carrera que responde al Partido Progresista (conservador) y de un contrabandista de dinero llamado Alberto Yousseff.    

Ambos hicieron un acuerdo con la justicia para devolver el dinero que ambos lavaron y depositaron en cuentas suizas a cambio de una reducción de pena. “El objetivo es recuperar el dinero”, dijo la presidenta Dilma Rousseff. El Ministerio Público Federal estimó que unos 500 millones de dólares podrán repatriarse de cuentas secretas de los detenidos en paraísos fiscales.

Un resumen de la situación la dio el abogado de Fernando Baiano, acusado de ser un lobista de una empresa constructora que colaboraba con el sistema de sobornos a políticos para ganar licitaciones. “El empresario no puede hacer una obra en ningún municipio si no hace arreglos ilícitos con los políticos. Sin arreglo, no se pone ni un adoquín en la calle”, dijo Mario Oliveira Filho, en una declaración que está marcando el pulso sobre las relaciones entre las empresas públicas y las gigantes de la construcción, acusadas de formar cartel para elevar precios y sobrefacturar obras.