La tercera vuelta electoral. Así se podría llamar 2015 en el que transcurrió el primer año del segundo gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Desde su asunción el 1 de enero, una tormenta política generada por el escándalo de corrupción Petrobras, las presiones de los grupos económicos y una oposición alineada con los grandes medios y el golpismo del submundo de la política, marcó el año en Brasil, que termina con Rousseff como blanco de un proceso de juicio político con aires golpistas.

Reelecta apenas con el 3% de los votos en la segunda vuelta frente a Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Rousseff estuvo jaqueada desde el inicio, arrastrada por la caída de la recaudación por el derrumbe de los precios de las materias primas, un difuso anuncio de ajuste y por el tsunami que se devoró la agenda política y económica: el escándalo de corrupción en Petrobras.

De acuerdo con consultoras privadas, un 2,7% de la caída del PIB en 2015 es atribuido a la investigación del escándalo de Petrobras, investigado por el nuevo héroe de los medios y de la ultraderecha brasileña, el juez Sergio Moro, de la ciudad sureña de Curitiba. Se estima que la investigación arrojó que Petrobras perdió unos $ 2.000 millones a causa de las corruptelas. El exguerrillero, exjefe de ministros de Luiz Inácio Lula da Silva y actual consultor José Dirceu fue detenido -cumplía pena por el caso del mensalao- acusado por Moro de comandar relaciones espurias para abastecer dinero de las constructoras que se beneficiaban con sobreprecios de Petrobras. También está preso el tesorero del PT, Joao Vaccari.

“La plata que recibe el PT parece que está sucia, la que recibió la campaña de nuestros adversarios está bendecida”, dijo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva al fustigar la diferencia de tratamiento que los fiscales, comisarios que hicieron campaña abierta por el opositor Neves y sobre todo la prensa  otorgaron al escándalo. El PSDB intentó forzar que la corrupción comenzó en 2003, año de asunción de Lula da Silva, pero varios corruptos confesos dijeron que los sobornos a funcionarios vienen desde antes. Unas 2,5 millones de personas marcharon en marzo contra Dilma. En diciembre fueron menos de 40.000.

La hipótesis del juez Moro -que detuvo a los principales presidentes de las constructoras más grandes de América Latina, como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez- en  base a delaciones premiadas de corruptos confesos, es que funcionarios de Petrobras cobraban sobornos personales y para las arcas de los partidos del gobierno a cambio de sobrefacturaciones de obras de ingeniería en Petrobras.

Petrobras, la empresa energética de bandera y la más grande del país, se ha encogido y vendido activos pero tiene por delante -pese a la caída del crudo- la exploración del crudo de alta calidad en los yacimientos submarinos, el pre-sal, un recurso estratégico para el gigante sudamericano que fue objeto de espionaje por parte de Estados Unidos, de acuerdo con las denuncias del exespía Edward Snowden.

La crisis brasileña por falta de recaudación y falta de confianza del mercado empresario tras perder subsidios estatales para enfrentar la situación mundial se sumó a la política: la oposición logró elegir presidente de la Cámara de Diputados al ultraconservador Eduardo Cunha, del PMDB del vicepresidente Michel Temer.

Cunha inmediatamente hizo pesar su poder de chantaje entre el PMDB no oficialista y se alió a Aécio Neves para trabar en la Cámara de Diputados las medidas de ajuste fiscal del ministro Joaquim Levy. De pronto, el gobierno se había quedado sin apoyo. Frágil en las calles por la clase media ‘indignada’ por el caso Petrobras, los movimientos sociales se opusieron a algunas medidas de ajuste, como mayores exigencias para el seguro de desempleo, una medida tachada de neoliberal.

Pero Rousseff insistió y, con visiones diferentes que el expresidente Lula da Silva, su mentor político, encontró en Cunha su enemigo número uno. Cunha y el PSDB aprobaron fugazmente la tercerización laboral en la Cámara Baja y actuaban como los gobernantes de hecho del país, alentados por la prisión de empresarios de la construcción en el caso Petrobras y el paro de la actividad económica. El país entró en recesión a mediados de año, hasta que el procurador general de la nación, Rodrigo Janot, entregó una lista de 50 políticos de los partidos involucrados en supuesto dinero sucio de campaña.

Las agencias de riesgo rebajando a Brasil y el mercado financiero festejando la baja popularidad de Rousseff marcaron 2015, que cerró con una fecha clave: el 2 de diciembre Cunha, acusado de recibir $ 5 millones en cuatro cuentas de Suiza que no había declarado, dolido porque el PT aprobó investigarlo, dio curso al pedido de juicio político. La situación del PMDB quedó frágil, incluso el vicepresidente Michel Temer preparó un plan B de gobierno en caso de que Dilma sea destituida.

“Quiero aclarar que no tengo cuentas en el exterior, que nunca cometí delitos”, dijo Rousseff en guerra abierta con Cunha y con parte del PMDB. El fin de año estuvo marcado por el pedido de juicio político basado en una supuesta violación de la ley de responsabilidad fiscal por haber realizado “maquillaje” de cuentas públicas en el presupuesto para poder subvencionar con préstamos internos de los bancos públicos los programas sociales de 50 millones de personas.

El año terminó con la incertidumbre del juicio político -todo indica que el oficialismo tendrá votos para torcer el rumbo-. Pero también, si es que puede sobrepasar este escollo con aires del golpismo más rancio de la oligarquía brasileña, Dilma tendrá una segunda chance para reconstruir las banderas del gobierno y del partido, ante la posibilidad de que Lula da Silva pueda regresar en 2018, si es que sortea el asedio de parte del Poder Judicial identificado con la oposición. (I)