La corrupción es un problema generalizado y abarca a  todo el sistema institucional de Perú. Así lo indican analistas, mientras estudios e investigaciones periodísticas ponen de manifiesto la  reincidencia de estos delitos en el vecino país.

El ránking de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 ubica a Perú en el puesto 89 (de 137) en la categoría Pagos Irregulares y Sobornos; comparte el puesto 96 (de 180) con Brasil, Zambia y Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional; y, entre otros informes, la Defensoría del Pueblo estableció que anualmente el país pierde 12.500 millones de soles ($3.800 millones) debido a este delito.

Año y medio después de que estallara el escándalo mundial de Odebrecht que alcanzó a Perú y provocó órdenes de prisión contra expresidentes, exfuncionarios y empresarios peruanos por recibir millonarias coimas, el país se ve sacudido por otro colosal caso de corrupción. Los magistrados del Poder Judicial son ahora sujetos de investigaciones por los audios de venta de sentencias y tráfico de influencias, divulgados a partir del 8 de julio por la prensa, que causó la renuncia del jefe de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez;  del ministro de Justicia, Salvador Heresi, y otros.

El nuevo fiscal general, Pedro Chávarry, también quedó bajo fuego de las críticas; un sector del Congreso lo denunció y exige su dimisión.

Para el analista político Luis Benavente “los audios son la evidencia, a la vista de todos, de que la corrupción abarca todo el sistema político, todo el sistema institucional” de Perú.

Ante este escenario de corrupción generalizada y solo cuatro meses después de asumir el poder, el presidente peruano, Martín Vizcarra, propuso una reforma del sistema de justicia y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para eliminar el mecanismo de representación en la elección de los consejeros y reemplazarlo por un concurso público de méritos.

La propuesta de reforma judicial, que fue enviada el viernes al Congreso y elaborada por  una comisión encabezada por el excanciller Allan Wagner, contempla la creación de una autoridad de control del Poder Judicial y la Fiscalía.

Vizcarra anunció que para legitimar esta reforma se convocará a un referéndum que se abrirá hacia otros temas como el fin de la reelección de los congresistas, la transparencia de las fuentes de financiamiento privado de los partidos políticos y el regreso a la bicameralidad, eliminada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori.

“Vamos a reformular el sistema de administración de justicia que ha generado la desconfianza de todos los peruanos”, afirmó Vizcarra, quien asumió el poder hace cuatro meses en medio de una crisis política que condujo a la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), agobiado por denuncias de corrupción.

Si bien la propuesta de la reforma judicial fue saludada por la mayoría de peruanos, existen dudas de que esta pueda concretarse ya que carece de base de apoyo en el Congreso, dominado por el partido opositor Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, que busca interferir para presidir el Consejo Nacional de la Magistratura. 

“Lo veo con dificultad, ojalá que haya un cambio de actitud porque necesitamos al Congreso para hacer las reformas”, comentó la vicepresidenta peruana, Mercedes Aráoz.

Al respecto, el parlamentario Marco Arana denunció el intento del fujimorismo de pretender dirigir la reforma del Sistema de Administración de Justicia.

La Comisión de Constitución y Reglamento fue presidida por parlamentarios fujimoristas por dos periodos y, anteriormente, ya pretendía controlar el Consejo Nacional de la Magistratura.

“Vizcarra logrará esta ansiada reforma no con ayuda del parlamento sino con el apoyo de la ciudadanía, de las marchas, de las investigaciones periodísticas”, estimó con optimismo el expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala, Pablo Cateriano. (I)