El Gobierno español puso ayer a pleno rendimiento todas sus terminales de presión para doblar el brazo del ejecutivo de Cataluña ante su decisión de organizar una consulta para independizarse de España.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció la tramitación de querellas criminales contra todos los miembros de la mesa del Parlamento autonómico que el martes tramitaron la ley del referéndum y también contra los miembros del Gobierno catalán por haber “desafiado el orden constitucional al convocar el referéndum”.

La denuncia del abogado del Estado se extenderá a cuantos ayuntamientos, de los 946 municipios que hay en Cataluña, decidan ceder sus instalaciones para la celebración de la consulta convocada para el próximo 1 de octubre.

Esta advertencia tenía como destinatario principal el consistorio de Barcelona dirigido por Ada Colau, que si en un principio mostró un distanciamiento por la falta de garantías democráticas que observaba en el proceso, ayer pidió al secretario consistorial que analice la “disponibilidad” legal de poner la infraestructura municipal al servicio del plebiscito. El plazo máximo para conocer su respuesta vencerá mañana.

En Madrid, Mariano Rajoy anunció tras concluir una sesión monográfica del consejo de ministros, que ha pedido al Tribunal Constitucional que traslade por escrito al presidente de Cataluña, Carles Puigdemot, y todos los miembros de su gobierno, cargos ejecutivos, responsables de los medios de comunicación públicos catalanes, a los 947 alcaldes regionales y todos los cargos públicos que puedan tener relación por mínima que sea con el referéndum “las consecuencias legales de un posible incumplimiento de la ley”.

Esto supone que más de 1.000 personas recibirán la notificación del alto Tribunal y que de incumplirlo podrían enfrentarse a procesos judiciales que incluyen la prisión por “incitación a la secesión”.

Ante este panorama, los pasillos del Palacio de la Moncloa y los del Parlamento de Cataluña hervían ayer desde primera hora y seguirán hirviendo con toda probabilidad hasta el 1 de octubre, momento en que concluirá el proceso y fecha a partir de la cual Cataluña será un Estado independiente. Lo que pueda suceder hasta entonces es imprevisible.

Pese a la asfixiante presión política y judicial que ha puesto en marcha, el gobierno no termina de convencer al resto de formaciones con representación parlamentaria de que “solo la unión inquebrantable de todos en torno a la Constitución podrá acabar con esta aberración democrática”.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ayer mantuvo una reunión de 30 minutos con Rajoy aseguró que prestará su apoyo al presidente “ante el desafío independentista”, pero pidió constituir “de inmediato” una subcomisión territorial en el Congreso que discuta y modifique, si logra el consenso necesario, el actual marco autonómico español para transformar a España en un estado federal.

“Somos una nación compuesta de varias naciones. Una de ellas es Cataluña”, dijo el líder del principal partido de la oposición.

Su propuesta se estrelló, de momento, contra la mayoría parlamentaria que conforman el PP y Ciudadanos de la que salió Albert Rivera, con el rostro alterado, defendiendo como un náufrago la que a su juicio es todavía la mejor manera de forzar a los independentistas catalanes a hincar la rodilla: “Ya no vale la equidistancia.

Nosotros apoyaremos cualquier medida que tome el gobierno para este golpe de Estado. Con firmeza y democracia ganaremos la batalla final”, señaló ayer.

Podemos pide decisiones políticas

Más alejado de la tesis esgrimida por el líder del partido neoliberal sobre esta crisis que sacude hoy al Estado español, se posicionó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En una entrevista lamentó que en estos momentos de “incendio dialéctico” se esté intentando exculpar al PP del callejón sin salida al que se ha llegado, porque, en su opinión, los conservadores no pueden dar “ni media lección de democracia” en el país.

Según Iglesias, “vergüenza democrática” también ha sido descubrir al Ministerio del Interior “utilizar” a la Policía para “atacar a los partidos de la oposición y a los catalanes”, o ver cómo “usaban los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda para proteger a los corruptos”.  

Iglesias admitió que “un problema político como el catalán requiere decisiones políticas y no judiciales, ni policiales”, en referencia a las medidas que adopta el ejecutivo de Rajoy. El dilema aumenta en España y aunque la resolución de esta profunda crisis de Estado no está escrita, un proceso penal masivo e inmediato contra los promotores del referéndum no parece que vaya a apagar el incendio. (I)