En vísperas de iniciar su cuarto año de mandato, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue declarado este lunes en “abandono del cargo” por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN), que busca -al igual que con su fallido referendo revocatorio- abrir la puerta a elecciones anticipadas.

“¡Elecciones ya!”, gritaron los congresistas de oposición al finalizar la sesión, después de que 106 diputados, de un total de 167, votaran a favor de la medida.

La votación en el Legislativo, que evidenció un nuevo choque de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y la función judicial, se realizó antes de una fecha clave en Venezuela, el 10 de enero.  

Según el artículo 233 de la Constitución venezolana, para que la declaratoria de “falta absoluta” contra el mandatario tenga el efecto político que busca la oposición -convocatoria a elecciones presidenciales- el Parlamento debía adoptar la resolución antes del 10 de enero, es decir antes que el gobernante cumpliera su cuarto año de mandato. Después de ese límite sería sustituido por el vicepresidente, Tareck El Aissami, para completar los dos años restantes del período presidencial.

“Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto”, anunció el lunes el presidente de la AN, Julio Borges, al leer el acuerdo desde la tribuna del hemiciclo.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición, acusa a Maduro de incumplir deberes y hundir al país en una crisis económica que se ha caracterizado por la escasez de alimentos, de medicinas y la inflación más alta del mundo 475% en 2016, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, no se sabe con certeza si la medida tendrá un efecto real. La oposición se enfrenta a un obstáculo: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclaró que la Asamblea “no tiene facultad para destituir” a Maduro porque está “en ejercicio de sus atribuciones constitucionales”.

En ese mismo sentido se manifestó el dirigente oficialista Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro. “Ni constitucionalmente, ni políticamente es posible hacerlo, destituirlo”, aseguró.

El diputado Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria, solicitó ayer al TSJ anular la sesión realizada por la AN. En el recurso también pidió que se establezca la responsabilidad de los diputados que aprobaron la declaratoria contra el presidente, por estar fuera del marco legal.

El TSJ declaró hace cinco meses en “desacato” al Parlamento y nulas todas las decisiones, por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude. Aunque en noviembre se separaron de la Asamblea voluntariamente, el TSJ exigía que su desvinculación fuera votada, lo cual se hizo este lunes antes del debate sobre el abandono del cargo. La corte aún no ha levantado su declaración de desacato.

Pero para ser efectiva (declaración de “abandono de cargo”) debe venir acompañada del aval del TSJ, afirmó Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).

Para el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino, “abandonar el cargo no es ejercer mal” las funciones, sino “dejar de ejercer el poder” y eso no ocurre en Venezuela. (I)

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Papa pide apostar por la paz del país

El Gobierno y la Iglesia difieren sobre los diálogos

El representante del Gobierno ante la mesa de diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez, rechazó las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, de quien aseguró que “no funge como representante de la Iglesia Católica, sino como delegado de la oposición.

“No hubo voluntad para llegar a acuerdos que se pudieran evaluar y, sobre todo, que se pudieran poner en práctica (…) y por ello no hubo resultados”, dijo el lunes Padrón, en un encuentro con la prensa internacional.

Padrón, acompañado del cardenal Baltazar Porras y monseñor Víctor Hugo Basabe, secretario general de la CEV, consideró que el Gobierno es “el responsable principal del fracaso”, al acusarlo de “secuestrar” el referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, cuyo proceso fue suspendido por el poder electoral.

La oposición exige en el diálogo, iniciado el 30 de octubre con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), una “salida electoral” a la crisis, pero el oficialismo niega que el tema haya estado en agenda.

Las conversaciones fueron congeladas por la oposición en diciembre, alegando que el Gobierno incumplió acuerdos. Los facilitadores propusieron un plazo para reactivar los contactos que vencerá este viernes. Hasta ayer no había señales de acercamientos, sin embargo, Rodríguez afirmó que el Gobierno mantendrá la negociación. “Nosotros nos vamos a mantener en la mesa de diálogo”, afirmó.

El papa Francisco pidió que el Gobierno y la oposición venezolana apuesten al diálogo y busquen la paz del país. (I)