El máximo tribunal de justicia de Venezuela autorizó la apertura de un juicio contra la fiscal genera Luisa Ortega, confesa chavista convertida en la mayor crítica del gobierno de Nicolás Maduro.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "admitió en cuanto hay lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo", señala un boletín de la corte.

El recurso fue interpuesto por el diputado Pedro Carreño, integrante del Bloque de la Patria. Este amparó su pedido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. que establece que los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena, y 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que estipula las faltas graves del Fiscal General.

El diputado argumentó que la jefa del Ministerio Público "mintió" al asegurar que no había respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.

En los dos últimos meses, la actitud de la fiscal general Luisa Ortega va en franco enfrentamiento al gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro, y sus recientes y controversiales declaraciones han agudizado la crisis política que vive esta nación sudamericana en los dos últimos meses.

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el TSJ, al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

"El TSJ puede decidir lo que quiera, pero la única forma de destituir a la Fiscal es si lo autoriza la AN. Y adivinen... No lo haremos", expresó en Twitter Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.

Sin embargo, el TSJ considera "nulas" todas las decisiones del Parlamento, al declararlo en "desacato" desde enero de 2016 apenas recién asumía la oposición el control de la Asamblea.

En el pasado, la corte apeló a la figura de la "omisión legislativa" para avalar, por ejemplo, un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario. (I)