Santiago de Chile.- Ocho exmiembros del Ejército chileno fueron condenados en primera instancia por los homicidios calificados de 14 personas en el llamado caso ‘Caravana de la Muerte’.

El juez Leopoldo Llanos impuso ayer penas que van de 15 a tres años de cárcel a los exmilitares, según su grado de responsabilidad en los asesinatos perpetrados el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta.

Los sentenciados a 15 años y un día son Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud. Mientras que Pablo Martínez Latorre fue condenado a 5 años y Pedro Espinoza Bravo, Luis Felipe Planco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González a 3 años. Gonzalo Santelices Cuevas fue absuelto por falta de participación en los hechos.

La ‘Caravana de la Muerte’, uno de los casos de violaciones de los derechos humanos más emblemáticos en Chile, fue una comitiva militar, dirigida principalmente por el entonces general Sergio Arellano Starck, que recorrió el país después del golpe militar, encabezado por Augusto Pinochet,  del 11 de septiembre de 1973, ejecutando prisioneros políticos.

El fallo del juez Llanos determinó que el 19 de octubre, cuando la delegación de militares que se trasladaba en helicópteros llegó a la norteña ciudad de Antofagasta, el “oficial delegado (...) dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública (...) y trasladados a la quebrada El Way”.

Agregó que una vez que se produjo el traslado, “los prisioneros fueron separados en grupos de tres  y llevados frente a un paredón (...) y ejecutados por miembros del personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego”.

Las personas fusiladas se encontraban procesadas por la Fiscalía Militar, sin que aún se hubiese dictado sentencia en su contra.

Llanos ordenó que el Estado y los condenados indemnizarán a los familiares de las víctimas con 100 millones de pesos  (unos 190 millones de dólares) por concepto de daño moral.

Por ser una sentencia de primera instancia, puede ser apelada. Sin embargo, el abogado querellante, Cristian Cruz, celebró la sentencia y dijo que los cuatro principales acusados irán a prisión efectiva, dadas las características del delito.

La investigación del caso se inició en el año 1998 por el entonces juez Juan Guzmán Tapia, quien desaforó (quitó inmunidad para que sea procesado) en 2006 al general Augusto Pinochet.

Bajo la supervisión del juez Tapia  se exhumaron tumbas comunes y se identificaron más de 50 cuerpos. Él interrogó a los oficiales que participaron o presenciaron las ejecuciones y también receptó testimonios de las familias de los desaparecidos.

En las investigaciones, Guzmán estableció que los cuatro primeros homicidios fueron perpetrados el 4 de octubre de 1973 en Cauquenes, una ciudad en el sur de Santiago. Posteriormente, el escuadrón de la muerte asesinó a otros 68 prisioneros en las provincias del norte de Chile a mediados de octubre; 15 en La Serena, 13 en Copiapo, 14 en Antofagasta y 26 en Calama.