La Corte Suprema de Brasil absolvió este martes 19 de junio por unanimidad a la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Gleisi Hoffmann, de sus denuncias por supuesta corrupción y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.

La absolución, defendida por los cinco magistrados de la misma corte del Supremo Tribunal Federal (STF) que el martes 26 examinará un pedido de liberación para el expresidente Lula, es una victoria para el PT y un nuevo revés para los fiscales y jueces de la Lava Jato.

La fiscalía general acusaba a la senadora Hoffmann, de 52 años, y a su esposo, el exministro Paulo Bernardo, de haber recibido un millón de reales en 2010 (USD 568.000 al cambio promedio de ese año) procedentes de recursos supuestamente desviados de contratos de Petrobras para financiar la campaña de la dirigente al Senado, y solicitó el pago de 4 millones de reales de indemnización a la pareja.

Pero después de horas de discusiones, el relator del caso y también relator de la Lava Jato, Edson Fachin, votó en la noche por absolver a Hoffmann del cargo de lavado de dinero y pidió desclasificar el crimen de corrupción pasiva para considerarlo de "falsedad ideológica electoral" ('caja dos' o recibimiento de dinero legal no declarado), algo que acabó siendo rechazado por la mayoría de los jueces.

La corte del STF también acabó votando por absolver de todos los crímenes al marido de Hoffmann, el exministro de Planificación de Lula (2003-2010) y de Comunicaciones de Dilma Rousseff (2011-2016), del mismo modo que a un empresario imputado en el caso.

De haber sido declarada culpable, la legisladora no podría haber sido detenida de inmediato por beneficiarse de fueros parlamentarios y por disponer de la posibilidad de presentar recursos.

¡Victoria de la verdad!

"¡Victoria de la verdad! ¡El STF absolvió a la senadora y presidenta del PT de todas las acusaciones! #TodosSomosGleisi", celebró el PT en su cuenta de Twitter.

Hoffmann, que fue jefa de gobierno de la destituida Rousseff y una férrea defensora de la liberación de Lula, negaba las acusaciones y aseguraba que la falta de pruebas denotaba un alto grado de politización de su caso.

"Hace cuatro que espero el desenlace de esta trama. Nada acabará con el sufrimiento que me causaron a mí y mi familia, a los daños a mi imagen personal y política, pero veo con alivio el día en que la justicia tendrá la oportunidad de absolverme y restaurar la verdad", había escrito en la tarde en Twitter.

Este es el segundo juicio que realiza el STF a un político imputado en la Lava Jato desde que el megaescándalo estalló en 2014, después de condenar en mayo pasado a más de 13 años de cárcel al diputado de derecha Nelson Meurer por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En ese caso, las autoridades tenían pruebas claras de los sobornos recibidos por el diputado como depósitos en un banco.

"No existe juicio condenatorio por probabilidad", manifestó el juez Gilmar Mendes al emitir su voto absolutorio este martes y considerando que la acusación se basaba en "declaraciones cruzadas de varios colaboradores" de la justicia que se contradecían y con pruebas "raquíticas e inconclusivas".

El alto tribunal -que toma los casos de los políticos con fueros privilegiados a un ritmo mucho más lento que la justicia ordinaria- ha aceptado muy pocos casos dentro de la Operación Lava Jato, y la semana pasada decidió prohibir los interrogatorios forzosos, un recurso clave de ese operativo.

¿Pruebas o delación?

"Hay pruebas de la autoría y materialidad de todos los inculpados", afirmó el subprocurador general Carlos Alberto Carvalho de Vilhena más pronto en la audiencia.

Carvalho enfatizó que la entrega de un millón de reales para la campaña de Hoffmann figuraba en una agenda encontrada en el domicilio del exdirector de Abastecimientos de Petrobras, el delator Paulo Roberto Costa, y después fue confirmada por el cambista Alberto Youssef en su acuerdo con la justicia.

Los acuerdos de "delación premiada" a cambio de reducciones de penas han sido una de las principales y polémicas armas de la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una red de sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener contratos en Petrobras.

El propio expresidente Lula, que cumple desde abril una condena a 12 años y un mes de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero, denunció que no hay ninguna prueba que demuestre que es dueño de un apartamento que una constructora le entregó a cambio de contratos en Petrobras.

Los abogados del exmandatario argumentan que debe prevalecer la presunción de inocencia de Lula hasta que se agoten todos los recursos en instancias superiores, buscando que su candidatura presidencial -la favorita según todos los sondeos- no sea inahabilitada. (I)