En Brasil inicia hoy una etapa decisiva en la crisis política que arrastró a la presidenta Dilma Rousseff al juicio político. La mandataria está suspendida en el cargo desde el 12 de mayo luego de ser traicionada por su vicepresidente, Michel Temer, quien formó un gobierno interino con la antigua oposición y pretende quedarse hasta 2018, motorizando la destitución de la primera mujer jefe del Estado en el país.

Los trabajos serán conducidos hasta el día 30 o 31 de agosto, por el titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien será el juez de una cámara alta que luego se convertirá en tribunal.

Rousseff calificó, en un acto en Sao Paulo, que el juicio político en su contra es un “golpe parlamentario” y demuestra que “la democracia no está garantizada, como pensábamos”.

La mandataria está acusada de delitos de responsabilidad por haber alterado con tres decretos las prioridades de partidas presupuestarias, que según sus rivales afectaron la meta fiscal de 2015.

“Están imponiendo un modelo que no tiene votos, la gente no votó este plan económico del gobierno usurpador”, dijo Rousseff, en alusión al giro neoliberal que le dio Temer a su gestión, luego del modelo desarrollista con inclusión social instaurado en 2003 por Luiz Inácio Lula da Silva. El Senado necesita llegar a sus dos terceras partes (54 votos de 81 senadores).

Según el cronograma, hoy y mañana y si es necesario el sábado y domingo, se escuchará a los testigos de las partes. El lunes será el turno del discurso de 30 minutos de la propia Rousseff, que será interrogada por sus acusadores y aliados.

Afuera del Congreso, movimientos sociales y sindicales prometieron acudir para respaldar a la mandataria suspendida. El martes 30 cada senador podrá hablar por 10 minutos y luego será la oportunidad de la acusación y la defensa, antes de la votación clave, que puede extenderse hasta la madrugada del 31.

Rousseff, en cambio, apunta a la salida institucional: solucionar con un llamado a elecciones la crisis política que se arrastra desde que en 2014 fue reelecta en medio de una investigación sobre una colosal red  de sobornos a directivos de la estatal Petrobras que recaudaban dinero para campañas políticas de las empresas constructoras que obtenían contratos en forma fraudulenta.

“Si este fuera un proceso normal, Dilma ya estaría absuelta. La prueba es cabal y evidente y no hay pruebas que sustenten a la acusación, el proceso contable no tiene base jurídica. Tiene el componente político de personas que quieren derrocar a Dilma de cualquier forma. El sentimiento golpista es fuerte en algunos sectores, incluso en los medios”, dijo recientemente el abogado de Rousseff, el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, a EL TELÉGRAFO.

La acusación contra la mandataria suspendida actualmente fue parte de un acuerdo entre el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del canciller José Serra, y el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer, ambos grupos dominantes del gobierno interino en una coalición que repite, en parte, la alianza del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). (I)