Ciudad de Guatemala

La apertura de un juicio por genocidio contra el octogenario ex gobernante de facto guatemalteco, Efraín Ríos Montt, es otro paso en el largo camino hacia la justicia por los crímenes y abusos cometidos por las dictaduras militares en América Latina, en la segunda mitad del siglo pasado, estiman analistas y activistas humanitarios.

Estaba previsto que el juicio penal en contra de Ríos Montt y su antiguo colaborador, el también ex general José Mauricio Rodríguez, iniciara la tarde de ayer.

Sin embargo, uno de sus abogados defensores, Francisco Palomo, informó a los periodistas que presentó un amparo en contra del fallo emitido el lunes por el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, que ordenó el inicio del sumario en contra de los ex militares. Si el amparo es acogido se postergaría por un tiempo indefinido el proceso judicial; pero hasta el cierre de esta edición no se reportó ninguna notificación al respecto.

Ya en junio pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Guatemala decidió aceptar un amparo presentado por la defensa de Ríos Montt, colocando de este modo en suspenso el proceso penal.

No obstante, Ríos Montt, de 86 años, será enjuiciado, tarde o temprano, por el delito de genocidio, por la matanza de unos 1.770 indígenas mayas ixiles ocurrida, en el norte del país, durante su férreo régimen (1982-83), en lo más cruento de la guerra civil guatemalteca que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996.

El caso “se suma a otras luchas de víctimas de violaciones a derechos humanos en el continente” americano, dijo el analista Eduardo de León, líder indígena sobreviviente de la guerra guatemalteca.  

Según el experto en derechos humanos, juzgar a los responsables de los abusos cometidos contra la población civil “abre de fondo una perspectiva” para la reconciliación en Guatemala y en los otros países latinoamericanos con un pasado nefasto de regímenes violatorios de los derechos humanos.

Rigoberta Menchú, quien ganó en 1992 el Premio Nobel de la Paz por denunciar atrocidades contra los pueblos mayas, afirmó que el juicio por genocidio contra el ex dictador no es una venganza, sino la búsqueda de justicia para las víctimas de la guerra civil que sufrió su país.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, integrado por familiares de desaparecidos durante la guerra civil guatemalteca, considera que sentar en un tribunal al ex dictador constituye un importante precedente, porque “en pocos países se ha calificado los crímenes que se cometieron como genocidio”. Añadió que la resolución judicial pone a Guatemala como un referente del avance de la justicia para castigar los “terribles crímenes”.

Para el analista Jorge Santos, miembro del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, el caso de Ríos Montt ayuda a volcar la mirada hacia las víctimas.

Latinoamérica cuenta con una triste historia de regímenes militares que llegaron por la fuerza a ocupar el poder y que dejaron secuelas de miles de víctimas.

Muchos de los dictadores murieron antes de pagar por los crímenes. Un ejemplo, el general paraguayo Alfredo Stroessner falleció en su exilio de Brasilia, en 2006, sin ser condenado. En ausencia fue procesado por delitos de lesa humanidad, se le atribuyen unos 400 muertos y desaparecidos.