El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió este viernes 18 de marzo del 2022 bloquear en el país el uso de Telegram. Esto, tras una petición de la Policía Federal debido el incumplimiento por parte de esta aplicación de mensajería de varias órdenes judiciales anteriores.

La Policía Federal presentó una demanda ante el Supremo contra Telegram debido a su "notablemente conocida postura de no cooperación con las autoridades de diversos países", que lo que hace de esta aplicación "un terreno libre para la proliferación de diversos contenidos, incluso con repercusión en el ámbito criminal".

Por el momento, la orden todavía no ha sido ejecutada ya que las empresas de Internet han comenzado a ser notificadas este viernes por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), informan medios brasileños. Una vez en vigor, quienes incumplan con el bloqueo por cada día de infracción podrán ser sancionados con multas de hasta 100.000 reales (19.000 dólares).

De Moraes explicó que a pesar de los intentos de la Policía Federal por ponerse en contacto con Telegram para hacerles entrega de varias órdenes o bien para solicitar el bloque de ciertos perfiles por su contenido, la aplicación "en todas las ocasiones dejó de atender los reclamos judiciales". Esto demuestra "total desprecio por la Justicia brasileña".

"El desconocimiento de la legislación brasileña y el reiterado incumplimiento de numerosas decisiones judiciales por parte de Telegram -empresa que opera en territorio brasileño sin indicar su representante-, incluidas las que emanan del Tribunal Supremo, es una circunstancia totalmente incompatible con el actual orden constitucional", remarcó De Moraes en su sentencia.

No obstante, cierto es que Telegram bloqueó recientemente, tras una petición del Supremo, una serie de perfiles que fueron identificados como difusores de noticias falsas, incluido el del bloguero Allan dos Santos. Él es uno de los aliados más cercanos de la familia del presidente, Jair Bolsonaro, muy dado a utilizar esta aplicación.

Santos, que se encuentra prófugo de la Justicia, es investigado por dos de las macrocausas más famosas del Supremo: una sobre difusión de noticias falsas y ataques a los jueces de este tribunal y otra sobre el uso de 'milicias digitales' para boicotear las campañas y procesos electorales.

Pese a ello, De Moraes considera insuficiente esas tres acataciones de la ley ya que la legislación "prevé la necesidad de que las empresas que gestionan servicios de Internet en Brasil cumplan con todas las decisiones judiciales". Recuerda que "no ha sido cumplido" por esta empresa.

Desde hace varios meses el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha mantenido reuniones con otras principales plataformas de Internet -Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter e Instagram- para evitar la difusión de noticias falsas y desinformación durante la campaña electoral, tal y como las autoridades denunciaron que sucedió durante las presidenciales de 2018.