El juez José Castro rechazó la petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias para que fuera citada como imputada la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos I de España, en la investigación que afecta a su esposo, Iñaki Urdangarin, en un caso de presunta corrupción.

En un auto notificado hoy y difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el juez también desestimó un careo entre Urdangarin y su ex socio Diego Torres.

Tanto Manos Limpias como el Partido Popular (PP) de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares están personados como acción popular en la pieza del caso en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que fue presidido tanto por Urdangarin como por Torres.

La Fiscalía Anticorrupción se pronunció la semana pasada en contra de imputar a la infanta Cristina porque no consta ningún indicio incriminatorio, ni documental ni testifical, del que se pueda extraer que conocía la supuesta actividad delictiva de su esposo, el duque de Palma.

El ministerio público también argumentó su postura en que la responsabilidad penal es personal y que, por ello, la infanta no debe responder penalmente de los actos supuestamente ilícitos de su marido.

Tampoco existe para la Fiscalía ningún indicio de que Cristina de Borbón supiera de la actividad presuntamente ilícita de Urdangarin y de su ex socio para que el Instituto Nóos y Nóos Consultoria, empresa propiedad de ambos, se beneficiaran de contratos públicos.

En cuanto a su papel en el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro de la que la hija del rey formaba parte en calidad de vocal, el fiscal cree que las decisiones las tomaba un comité de dirección en el que no figuraba la infanta y que no consta que la junta rectora -en la que sí estaba como miembro- aprobara las líneas de actuación del organismo.

Respecto a Aizoon, la empresa que comparte al 50 por ciento con su marido y que supuestamente sirvió para desviar dinero público, la Fiscalía apuntó que la infanta no ostenta ningún cargo ejecutivo en ella y que su vinculación es meramente a nivel societario.

La misma línea siguió la acusación particular personada en la causa, la de la Comunidad Autónoma de Baleares, que rechazó una posible imputación de la infanta al considerar que no hay indicios de que haya participado en nada ilícito relacionado con Urdangarin.

El PP también se opuso a que fuera citada "como imputada ni como testigo".

La infanta Cristina y su esposo, junto con sus cuatro hijos, residen en Washington desde el año 2009, donde Iñaki Urdangarin trabaja para la multinacional Telefónica.