El juez Baltasar Garzón denunció hoy la "doble moral" que impera en los estados democráticos, siempre dispuestos a la cooperación judicial con otros países excepto en los crímenes más graves que entran en el concepto de jurisdicción universal.

"Los gobiernos democráticos siempre tienen un discurso de colaboración, defienden la independencia de la acción judicial, y esto se aplica en ámbitos como el narcotráfico, el terrorismo o la piratería sin que nadie se rasgue las vestiduras, pero existe una permanente desconfianza respecto al principio de la jurisdicción universal", dijo Garzón.

El magistrado español, que está suspendido de la Audiencia Nacional por haber tratado de investigar los crímenes del franquismo, hablaba en un debate en Ginebra, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, dedicado a "Combatir la impunidad: el papel de los jueces y abogados".

"En los casos de jurisdicción universal, que abarca a los crímenes más graves, como genocidio, torturas etc, no conozco ningún caso de absoluta cooperación judicial. Se habla de la independencia de la acción judicial pero luego se hace lo posible para que el caso no prospere", señaló.

Garzón citó como ejemplos en España los intentos frustrados de juzgar a responsables de Israel por crímenes contra palestinos, o de investigar torturas en la base estadounidense de Guantánamo, y destacó que en la actualidad se aplica una interpretación más restrictiva por la que se investigan casos cuando hay víctimas españolas.

En referencia a las dificultades generales con que se encuentran los jueces para investigar las violaciones de los derechos humanos, Garzón señaló que "cuando se investiga al poder político constituido, sea democrático o no, ese poder no permanece inactivo ni permite la investigación sin dificultades".

"Frente a cualquiera de estos hechos, la negativa de las instituciones políticas va a ser inmediata y lo que se haga en la primera fase de la investigación, y casi clandestinamente, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que no se sepa cuales son las acciones o las pruebas que se están incorporando, es lo único que se va a conseguir", señaló.

"Luego ya no se podrá, se tratará de destruir las pruebas, de eliminar la posibilidad de avanzar", agregó el juez.

Como ejemplo, dijo que "en España, cuando investigamos los casos de Pinochet o de Argentina, el propio Ministerio fiscal estuvo en contra de esa investigación en la primera fase de la misma, y si no hubiese sido por la acción coordinada de las organizaciones de derechos humanos, y de las víctimas, hubiese sido imposible avanzar en esa investigación".

Garzón señaló que precisamente esa acción coordinada entre víctimas, organizaciones, y utilizando todo el material existente es la única manera de "armar un caso" de forma que se sostenga.

"Hay que armar casos potentes. Denunciar por denunciar va en contra de la jurisdicción universal, y alimenta los tópicos de ligereza y activismo político", señaló.

Garzón también destacó el "diferente trato" que los estados dan a la investigación sobre crímenes que afectan al propio país, como es el caso que le afecta personalmente, el proceso abierto por querer investigar los crímenes del franquismo.