Josep Rull es el Coordinador General del Convergència Democràtica de Catalunya y mano derecha de Artur Mas, el presidente. Ante la negativa del Gobierno español de facilitar la consulta catalana del 9 de noviembre, Rull atiende a EL TELÉGRAFO para explicar cuál es la estrategia a seguir y analizar los últimos eventos políticos.

¿Estamos preparados para el 9 de noviembre?

Sí. Tenemos la movilización en la calle, la unidad política y tenemos un marco legal que lo tiene que permitir. Los 3 elementos fundamentales para el éxito del proceso los tenemos. Por el contrario, tenemos un Estado español que está usando todas las herramientas a su alcance para evitarlo. Nosotros tenemos que ser capaces de ver cuáles son las mejores alternativas y cuál es la manera más inteligente de hacer viable este 9-N. Queremos ser coherentes con lo que nos ha pedido el pueblo de Cataluña, que es votar. Algunos votarán que sí y otros votarán que no, pero nosotros tenemos un mandato democrático que quiere dar voz al pueblo.

Es decir, ¿estamos preparados diga lo que diga el Estado español?

Nosotros estamos gestionando las dificultades, que son muchas. Pero el mensaje que hemos trasladado desde el primer momento es que el 9 de noviembre no lo decide Madrid, sino que lo decidimos desde Cataluña. Ahora, en estos momentos, nuestra primera prioridad es construir las garantías democráticas para que el 9 de noviembre sea una expresión de voluntad que pueda tener reconocimiento internacional. Estamos seguros de que tendremos una expresión de voluntad, pero la idea es construir las garantías democráticas pese a las trabas del Estado español para que exista ese reconocimiento internacional. Nuestra prioridad es que las urnas sean reconocidas como legítimas para la gente que quiere votar ‘sí’, pero también para la gente que quiere votar ‘no’.

¿Qué significa tener garantías democráticas?

Desplegar la ley de consultas, que establece cuáles tienen que ser las pautas. Nosotros tenemos un árbitro, la Comisión de Control, que es quien resuelve los recursos, quien determina los actores, quien está encima del proceso para que sea impecable en términos democráticos. Entonces tenemos otros árbitros, las Comisiones de Seguimiento, que serían como unas juntas electorales territoriales. Tenemos que hacer una buena gestión del censo electoral, del registro de participación y tenemos que ser capaces de constituir adecuadamente las mesas, además de crear un buen contraste democrático entre una postura y la otra, tal y como establece la ley. Nosotros intentamos construir todos estos elementos con la convicción de que el Tribunal Constitucional, si actuase de forma normal, pueda levantar la suspensión. Pero insistimos, diga lo que diga el Tribunal Constitucional, nuestra determinación para hacer este ejercicio democrático es clara.

¿Y si el Tribunal Constitucional no levanta la suspensión?

Buscaremos algún mecanismo. Tenemos diversidad de soporte legal para poderlo hacer y creemos que el más adecuado es la ley de consultas. Insistimos, una ley emanada de un parlamento legítimo y aprobada democráticamente con un 80% de los votos. Eso es mucho. Esto está muy por encima de lo que pasó en Escocia. Por lo tanto, si allí fue posible, aquí también tiene que ser posible votar.

¿Por qué dice el Estado español que la consulta es ilegal?

Esto es inaudito. Esto es Montesquieu a muerte. No puede ser que el Estado español haga de juez. Quién tiene que decidir eventualmente sobre la constitucionalidad o no es el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha posicionado. Pero el Gobierno español dice “yo creo que es ilegal, el Tribunal Constitucional dirá que es ilegal, yo determino que es ilegal”. La división de poderes, que es un elemento fundamental en un Estado de Derecho, ha quedado fulminada en España. El Tribunal Constitucional, por primera vez en su historia, se reunió excepcionalmente, simplemente para que aquello que pedía el Gobierno español se acabase cumpliendo. Por lo tanto, ha quedado muy tocado como un árbitro creíble. Nosotros aportamos democracia y tenemos unas instituciones españolas que tienen un grave déficit democrático.

Si la consulta fuera ilegal, ¿ya se hubiese prohibido definitivamente?

No, porque no ha podido entrar en el fondo. Aquí lo que vemos es que se juzga el contenido sin tan solo verlo. Nosotros tardamos un año y medio en hacer la ley. El Consejo de Estado, en una hora y media, decidió que aquello no era viable, ni la ley, ni el decreto que convoca la consulta. No queremos malpensar, pero pensamos que el Consejo de Estado tenía ya redactado el dictamen antes de saber qué decía el decreto de convocatoria. Y no conocen la ley a fondo. El problema, por lo tanto, no es jurídico, sino que es de voluntad política. Aquí tenemos un Gobierno español absolutamente miope, que cree que puede imponerse permanentemente a la voluntad de un pueblo. La mayoría de catalanes que quiere votar y que quiere votar independencia cada vez es más grande, justamente por la actitud cerrada, hostil y negativa del Estado español. Soy de un partido político que desde hace más de 35 años hemos trabajado para ayudar a que España fuera un estado más democrático, más moderno, más europeo, con la voluntad de que el Estado español fuera nuestro estado. Pero la sentencia del TC con el Estatuto aprobado en 2006 dice dos cosas muy claras: primera, si ustedes, los catalanes, se sienten nación, el Estado español no es su estado. O se es español a la manera castellana, o no tienes cabida en España. Y segundo, si ustedes se sienten nación, y Cataluña se siente así, esta no es su Constitución. Conclusión: si el Estado español renuncia a ser el Estado de los catalanes, creemos la mayoría de catalanes que tenemos el derecho y la obligación de construir un estado independiente, nuevo, para garantizar el progreso de la gente de este país.

Si Mariano Rajoy hubiese actuado como David Cameron en el caso de Escocia, ¿estaríamos en esta situación?

Yo estoy convencido de que no. De hecho, si Rajoy hubiese aceptado un cambio en la estructura de financiación o el Estado español hubiese aceptado sin recortar el Estatuto del 2006, estoy convencido de que una parte de catalanes que seguirían pensando que el Estado español es su estado. Hay una diferencia entre como eran los independentistas hace 5 años y como son ahora. Hace 5 años, lo que se decía es no a una España que no nos quiere entender, no a unas instituciones que nos maltratan. Ahora, la gente que quiere la independencia lo que dicen es: si tenemos las mismas herramientas que otros países del mundo, podemos generar más prosperidad, más bienestar y más progreso. Esto es lo que los padres y madres fundadores del Ecuador independiente pensaron en el Siglo XIX. Es decir, si nosotros somos capaces de independizarnos, podemos construir un país mejor para nuestros hijos. Y esto es exactamente el mismo sentimiento que tiene ahora Cataluña.

Es un sentimiento positivo, pero a la vez es un sentimiento contra el Gobierno español.

Es un sentimiento de perplejidad, pero no es en contra de algo. La actitud del Gobierno español facilita las cosas, eso es cierto e incomprensible, porque todavía hay mucha gente que cree que es posible una tercera vía, aunque cada vez es más reducida porque el Gobierno español, a diferencia de Cameron, de ninguna manera quiere plantear nada nuevo o diferente para los catalanes. Hay un dato muy potente: hace 6 años, solo el 15% de catalanes querían la independencia. Hoy, según las encuestas, entre el 45% y el 60% de catalanes. ¿Por qué se ha producido este saldo? Por la suma constante de negativas a reconocer Cataluña como nación y darnos herramientas que nos permitieran gobernar mejor. También hay un punto de intangible, hay una parte de catalanes que consideran que se ha pisado la dignidad del pueblo. A veces los intangibles son tan importantes como los elementos prácticos. En este sentido, el proceso es imparable e irreversible. Victor Hugo decía “no hay ningún ejército que pueda parar una idea a la cuál le ha llegado la hora”. A Cataluña ha llegado la hora de la democracia y la hora de la libertad.

Este 1,8 millones de personas fue el 11 de septiembre, pero fue organizado con meses de antelación. Menos de 24 horas después de la suspensión, las plazas de los ayuntamientos se llenaron sin organización previa. ¿Es más importante incluso?

Esto es muy importante, pero también otra cosa. El 98% de los ayuntamientos catalanes han aprobado resoluciones favorables para votar el 9 de noviembre. Esto es espectacular. Gran movilización en la calle, reacción para protestar delante de los ayuntamientos, pero sobre todo una traducción institucional, tanto en el Parlament con una ley aprobada por el 80%, la unidad de los partidos a favor de la consulta y una gran movilización institucional a través del poder local. 920 de 947 municipios de Cataluña han aprobado estas resoluciones, es un clamor cívico, democrático e institucional que no tiene punto de comparación con nada de lo que se haya vivido en Europa durante los últimos 50 años.

Los ayuntamientos en Cataluña tienen mucho poder pero, ¿en España este 98% tiene fuerza?

Es impensable que España ignore esta fuerza. Hay un dato que hace que Cataluña sea un país único en el mundo: el origen de su gente. El 70% de catalanes o ha nacido fuera de Cataluña o tiene el padre o la madre que ha nacido fuera. Hay una gran presencia de la comunidad ecuatoriana en Cataluña que también quiere sentirse partícipe de este proceso. Nosotros hablamos con mucha gente de Ecuador y nos dicen el orgullo que sienten de poder contribuir en la fundación de un nuevo estado. Muchos de ellos nos explican como fue el proceso de independencia de su país y se sienten muy identificados de un país que los ha acogido. En Cataluña lo importante no es de dónde viene la gente, sino dónde queremos ir juntos. Un país tan diverso, tan plural, se siente nación y no hay ningún atributo mayor para una nación que querer decidir su futuro. Esto es lo que Madrid todavía no ha entendido.

¿Qué significa que la nación española es la única soberana para decidir su futuro?

Es una visión muy antigua de las cosas. El artículo 1 de la Constitución dice que la soberanía es única, pero hay mucha jurisprudencia internacional que dice que un estado deja de ser legítimo cuando impide que una parte de su población pueda ver canalizada su voluntad. Esta visión de una España eterna es lo mismo que planteaban en el Siglo XIX respecto a las colonias americanas. Nosotros creemos que por encima de la Constitución está algo más importante, que es la democracia. Cuando la mayoría de un territorio singularizado con rasgos de nación como la lengua, la cultura o la historia quiere cambiar las cosas, tiene que tener los mecanismos democráticos para poderlo hacer. Y esto es lo que nos niega la Constitución española.

Una vez se celebra la consulta del 9 de noviembre, ¿está la política catalana preparada para todas las posibles respuestas?

En lo que estamos trabajando es en lo que decimos D+1, es decir, todos los elementos que hay que tener a punto para el día después, para que el estado sea viable en caso de victoria del ‘Sí’. Definimos 4 bloques. Primero, viabilidad financiera del nuevo estado, es decir, tener una hacienda propia; segundo, reconocimiento internacional; tercero, orden interior; y cuarto, seguridad jurídica. Este es un proceso transitorio que dura alrededor de dos años. De media, los países que han sido independientes en los últimos años, desde que el pueblo expresa su voluntad, hasta que termina siendo estado reconocido, pasan entre dos y tres años.

Algunos de los que vivieron la Guerra Civil, el franquismo y el golpe de estado de 1981 temen que se repitan escenas similares. ¿Tienen motivos para tener miedo?

No, pese a que hay gente a quién le gustaría que hubiera apelaciones al ejército para que garantizase la unidad de España. Pero afortunadamente estamos en la Unión Europea y el Tratado de Lisboa es muy categórico a la hora de rechazar que un estado utilice de manera ilegítima la fuerza contra su población. Por lo tanto, una España que quisiera utilizar la fuerza a través del ejército para impedir este proceso quedaría automáticamente fulminada de la Unión Europea. Esto no pasará, porque no habrá nadie serio dentro del Estado español que lo quiera plantear y no pasará porque estamos en un contexto absolutamente diferente del año 1981 o de la Guerra Civil. Evidentemente hay gente que tiene un recuerdo dramático, muy duro, de todos aquellos actos, pero afortunadamente España también ha cambiado respecto a la manera de resolver los conflictos.

¿Es muy importante que una institución como el FC Barcelona se adhiera al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir?

Sí, importantísimo. Se adhiere a la democracia. Es un movimiento que reivindica votar. Habrá quién votará que sí y habrá quién votará que no, pero lo importante es poder votar. Ahora, afortunadamente, empiezan a aparecer personas, intelectuales, gente de referencia en Cataluña que piden la votación, como el grupo Estopa. Hay que entender que las urnas no son el problema, sino la solución. Es importante el Barça porque es, además de un símbolo a nivel interno, un símbolo de prestigio a nivel internacional. El Barça representa los mejores valores de ésta Cataluña que queremos construir, una Cataluña muy diversa, muy plural, que sabe hacer las cosas bien y que es capaz de tocar el éxito y la excelencia. Que una institución como ésta apueste y defienda la democracia nos da una fortaleza extraordinaria. En el mundo hay mucha gente que conoce Cataluña gracias al Barça y los símbolos de Cataluña gracias a los símbolos que el Barça luce. El Barça no ha dicho si está a favor o en contra de la independencia, lo que dice es que está a favor de las urnas.

Pero todavía no se ha adherido al Pacto.

El Barça se ha posicionado a favor de la consulta. Además ha permitido que las manifestaciones de los últimos años pasasen por el estadio. El presidente, a título individual, se ha posicionado a favor del derecho a decidir. Como institución, la gente tiene la sensación que el Barça está a favor del sentido democrático.

Es decir, las voces como Gerard Piqué, Xavi Hernández, los hermanos Gasol, son importantes en el proceso.

Claro, esto es muy valioso. El Barça, los hermanos Gasol, Piqué, Xavi, lo que dicen es algo de una normalidad ofensiva. Y han recibido unas presiones y unas amenazas increíbles algunos de ellos por parte de sectores hiperventilados del Estado español. Gerard Piqué ha dicho simplemente esto, y no ha dicho qué votaría. Pero si ha sido posible hacerlo en Escocia, hacerlo en el Quebec, ¿por qué no es posible hacerlo aquí? Y luego que cada uno valore los argumentos a favor del ‘sí’ y a favor del ‘no’, y que vote en consecuencia. Esta es la gran batalla democrática que está ganada dentro de Cataluña y que hay que ganar dentro del Estado español.

¿Por qué los ciudadanos extranjeros que viven en Cataluña pueden votar, los catalanes que viven en el extranjero pueden votar, pero los catalanes que viven en el resto de España no pueden votar?

Porque nosotros hemos querido utilizar la definición de catalán que hay en el Estatut de Catalunya, que dice: “tiene la condición política de catalán el ciudadano que vive en Cataluña y los españoles en el extranjero cuyo último empadronamiento sea en Cataluña”. Cuando un catalán se va a vivir a otra comunidad autónoma pierde la condición política de catalán y puede votar en las elecciones autonómicas de su nueva comunidad, pero no puede hacerlo en Cataluña. Hemos planteado un automatismo, un criterio que fuera el más objetivable posible. Si Cataluña es independiente, aquellos que acrediten que nacieron en Cataluña o que son hijos de catalanes podrán acceder a la nacionalidad catalana, evidentemente. Pero para que la ley fuera impecable a nivel constitucional español, usamos la definición de catalán más pulcra en términos de legalidad española, aunque tenga que ser injusta para algunos.

¿Qué ha significado el Caso Pujol para Convergència en los últimos meses?

Una sacudida muy fuerte. Nosotros reprobamos su actuación, pero no estamos dispuestos a que se distorsione todo el capital político que ha representado Convergència para este país en los últimos 40 años. Hay gente en Madrid que pensaba que atacando a una persona que ha hecho mal las cosas, que lo ha reconocido y que es reprochable, podía desballestar todo el proceso. El 11 de septiembre se demostró que este país y este proceso está por encima de cualquier persona, por muy importante que haya sido. Los que pensaban desde Madrid que atacando a una persona concreta y exhibiéndola públicamente usando su grave error desmoralizarían a la gente, han visto que no ha sido así. Sabemos que esto ha sido un impacto muy importante desde el punto de vista de la imagen, pero nos reharemos.

¿Qué le pareció la comparecencia de Pujol en el Parlament?

Una persona que explicó su relato, que explicó sus razones por las cuáles no declaró un dinero que, de hecho, formalmente tampoco era suyo. Explicó qué circunstancias había en la época de la dictadura. El padre del President creía que esto se acabaría como en el año 1936 y, o matarían a su hijo, o se tendría que ir del país. Por lo tanto, buscó un mecanismo por el cuál sus nietos pudieran tener recursos para vivir. Luego, ante unas intervenciones duras, maleducadas y ofensivas, salió el Pujol presidente que quiso defender su dignidad. Además estamos hablando de una persona grande, que ante toda esa presión, reaccionó de forma contundente y rotunda.