El Tribunal Supremo de Brasil aceptó este jueves por unanimidad las denuncias contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por su supuesta participación en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.

"Por unanimidad es acogida (la denuncia)", dijo el presidente del tribunal, Ricardo Lewandowski, al dar inicio al proceso penal que pidió la Fiscalía de la República contra el mayor rival político de la mandataria Dilma Rousseff. 

La decisión convierte a Cunha en el primer presidente de la Cámara baja de Brasil que, en ejercicio de ese cargo, es sometido a un juicio penal por la Corte Suprema, que investigará su presunta participación en fraudes con contratos de la petrolera, que le habrían rendido comisiones por unos 5 millones de dólares.

La denuncia había sido realizada el año pasado por el fiscal general Rodrigo Janot, quien señaló que el diputado solicitó dinero para facilitar un negocio de dos navíos sonda del astillero Samsung Heavy Industries para Petrobras entre junio del 2006 y octubre del 2012.

El valor combinado de ambas operaciones fue de 1.202 millones de dólares, según consta en la acusación de la fiscalía.

Cunha se convirtió en el primer político protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema en el marco del escándalo del "Petrolao", que drenó ilegalmente más de 2.000 millones de dólares de la estatal.

La investigación es considerada la mayor en la historia de Brasil y tiene a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país en la mira de la justicia.

Cunha es una de las figuras más prominentes de la crisis política y económica que conmueve a la potencia latinoamericana. Durante 2015 manejó la agenda legislativa y propinó severas derrotas al gobierno izquierdista de Rousseff.

Sitiado por denuncias en su contra y con un proceso abierto en el Consejo de Ética de la cámara que conduce, aceptó abrir un pedido de impeachment contra la presidenta presentado por un grupo de juristas que la acusan de adulterar las cuentas públicas.

Su maniobra fue vista por el Palacio de Planalto como una venganza personal luego de que el oficialismo respaldara la investigación del Consejo para determinar si ocultó a sus colegas cuentas bancarias en el extranjero.

El legislador anticipó que no renunciará a su cargo y sólo el Congreso tiene la prerrogativa de anticipar el fin de su mandato, una medida que también fue pedida por la fiscalía a la Corte Suprema por considerar que Cunha estaba usando su cargo para obstaculizar la investigación de su caso. (I)