Japón declaró hoy ilegal la entrada en un radio de 20 kilómetros de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, de donde han sido evacuadas unas 80.000 personas que esperan en refugios temporales a que se decida sobre su futuro.

La prohibición entrará en vigor en la medianoche de hoy (15.00 GMT), según anunció el primer ministro nipón, Naoto Kan, durante una visita a la provincia de Fukushima en la que pidió "la comprensión" de las comunidades evacuadas.

En el territorio convertido en zona de exclusión vivían unas 80.000 personas antes del devastador tsunami del 11 de marzo, que desencadenó una grave crisis nuclear al paralizar el sistema de refrigeración de la central de Daiichi.

La mayoría de los vecinos fueron evacuados tras el desastre, pero todavía hay algunos, en su mayoría ancianos, que se resisten a dejar sus hogares.

A falta de una cifra oficial, medios locales calculan en más de medio centenar las casas de la zona que siguen ocupadas y que ahora podrán ser desalojadas en virtud de la nueva orden.

La urgencia de la situación del 11 de marzo hizo además que los vecinos dejaran atrás documentos de identidad, dinero, libretas bancarias o pasaportes, por lo que en las últimas semanas muchos habían regresado para recuperarlos, según la cadena pública NHK.

Por eso, pese a la nueva prohibición de paso, el Gobierno ha asegurado que concederá permisos especiales para que los residentes puedan entrar brevemente en la zona de exclusión para recobrar sus pertenencias.

Los permisos se darán a un solo miembro de cada familia, que podrá estar en el área un máximo de dos horas, enfundado en un traje protector y con un dosímetro para medir la radiación.

Aquellos que entren estarán acompañados por expertos de la central nuclear y, al salir de la zona, serán sometidos a un examen de radiactividad, detalló el ministro portavoz, Yukio Edano, en una rueda de prensa.

De estos permisos quedarán excluidos los vecinos que vivían a menos de tres kilómetros de distancia de la maltrecha planta nuclear, como medida de precaución en caso de que la situación empeore, según Edano.

La empresa operadora de la central, TEPCO, indicó este domingo que prevé devolver una refrigeración estable a los reactores para este verano y llevarlos al estado de "parada fría", sin riesgo de fusión del núcleo, en un plazo de entre seis y nueve meses.

Mientras tanto, la mayoría de los evacuados vive en gimnasios, escuelas y otras instalaciones habilitadas como refugios, algunas de las cuales fueron visitadas hoy por Naoto Kan en el que supuso su cuarto viaje a la zona de desastre.

Kan prometió a los refugiados que su Gobierno les dará todo el apoyo posible para reconstruir sus vidas, lo que no impidió que algunos le trasladaran su inquietud por la incertidumbre sobre su futuro, según la agencia local Kyodo.

"Todos estamos ansiosos por lo que pueda pasar. Y los niños (evacuados) apenas están empezando con sus vidas", dijo a Kan ante los periodistas una anciana, con su nieta de cuatro años, refugiada en un gimnasio en la ciudad de Tamura, a poco más de 30 kilómetros de la central.

Por ahora, los evacuados por la crisis nuclear -que se suman a las decenas de miles de refugiados por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo- no tienen nada claro sobre su futuro.

Hoy, la empresa TEPCO comenzó a distribuirles las solicitudes para reclamar indemnizaciones provisionales, algo a lo que tienen derecho cerca de 50.000 hogares situados en un radio de 30 kilómetros de la central.

Las compensaciones serán inicialmente de 1 millón de yenes por familia (unos 8.350 euros, 12.370 dólares ) y 750.000 yenes (unos 6.260 euros, 9.000 dólares) para aquellos que vivan solos.

El Gobierno nipón no descarta ayudar a TEPCO a afrontar los costes económicos del desastre con dinero público, mientras la propia empresa indicó hoy que evalúa la posibilidad de rebajar los sueldos de sus empleados en un 20 por ciento con ese mismo objetivo.