Asociaciones de inmigrantes residentes en España convocaron protestas en varias ciudades del país contra una nueva norma sanitaria que calificaron como "un grave retroceso" porque dejará a los indocumentados sin acceso a la atención médica, que no sea de urgencia, a partir de mañana 1 de septiembre.

El portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (FERINE), Gilberto Torres, denunció en rueda de prensa que más de 700.000 personas quedarán sin tarjeta sanitaria y "sin el derecho a la salud pública universal" con la nueva normativa, según estimaciones de ONGs.

El Ministerio español de Sanidad anulará mañana la tarjeta sanitaria de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en el país y de los españoles que nunca trabajaron y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año.

Así, los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.

Se trata de una de las medidas de ahorro urgentes decretadas por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado abril para garantizar el futuro de este servicio público en tiempos de crisis económica, sobre el que pesa además una deuda de 16.000 millones de euros.

Ante esta situación, la FERINE convocó una movilización mañana en Madrid y en otras ciudades españolas, junto con organizaciones de colectividades de América Latina y Europa del este, así como una acampada ante un hospital de la capital el 13 de septiembre.

No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos "sin papeles" de 459.946 personas.

De estas, unas 153.469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más damnificados por esta medida, ya que pertenecen a un colectivo vulnerable y con escasos recursos, y el resto son extranjeros en situación irregular de países de la UE.

Las autoridades estudian ofrecer a extracomunitarios en situación irregular y a europeos no asegurados una póliza, si quieren cobertura sanitaria completa, de 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o de 1.864,8 para mayores de 65 años -155,40 mensuales-.

El peruano Andrés Robles, representante de la Asociación Integrando, explicó que en sus países, si no tienen dinero, no se curan, y advirtió de que eso "es lo que va a pasar ahora aquí".

No solo los inmigrantes se opusieron a esta norma, también Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria pidieron al Gobierno que evite la puesta en marcha mañana de la norma.

Asimismo, organizaciones de médicos iniciaron una campaña de objeción de conciencia para no obedecer el decreto, a la que ya se sumaron unos 1.800 profesionales sanitarios, y los gobiernos regionales de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Andalucía o Asturias anunciaron que seguirán atendiendo a los indocumentados.

El Partido Socialista Obrero Español, el principal de la oposición, también rechazó la medida.