Esposados, con una cadena alrededor de la cintura y con la ropa aún llena de polvo del desierto, 35 inmigrantes indocumentados declaraban en un tribunal de Brownsville (Texas), donde aún persiste la presión impuesta por el Gobierno de Estados Unidos.

La Corte Federal de la ciudad texana, en la frontera con México, mantiene su frenética actividad con juicios masivos diarios a inmigrantes que trataron de entrar de forma irregular al país y por lo que, según las medidas de “tolerancia cero” ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, les imputan cargos penales.

Algunas personas procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador prestaron declaración ante el juez del Distrito Sur de Texas, Ronald G. Morgan, tras  ser detenidas por la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entre el 27 y 28 de junio.

El juicio comienza con la lectura de los cargos por parte del magistrado, quien quiere asegurarse de que los detenidos entienden correctamente sus palabras a través de la intérprete que les habla en español.

Un grupo de personas, la mayoría, no supera los 23 años, incluidas cinco mujeres, y mantienen un riguroso silencio, muchos con la mirada fija en el piso, solamente interrumpido por las contestaciones al juez o el sonido de las cadenas.

Una vez reconocidos los cargos, de los que se declaran culpables, Morgan llama de forma individual a los arrestados, que en el pasado fueron deportados del país y que al intentar entrar de nuevo afrontan ahora una pena que conlleva el paso por la cárcel.

En esta situación se encuentra un ciudadano mexicano, de 21 años, como explica su abogado, ha cruzado la frontera para reunirse con su familia, puesto que dos de sus hijas viven en Texas.

“Pido perdón ante su señoría, sé que fue un error entrar de nuevo de forma ilegal al país y sé que ya fui expulsado una vez, pero solo quería volver a ver a mis niñas, disculpe”, declaró emocionado el joven antes de ser sentenciado a 10 días de prisión y la prohibición de regresar durante dos años.

El magistrado advirtió a los inmigrantes que si vuelven a ser capturados durante ese período incurrirán en un delito mayor, que es penado con “varios años de cárcel irrevocable”.

Ocho personas recibieron condenas menores de 30 días de prisión y el resto del grupo será deportado a sus países de origen con un veto de entrada en el territorio estadounidense máximo en 5 años revisables.

De especial atención es la situación de otro joven mexicano, de 18 años, el único que dijo que fue separado de su hijo después de la detención.

El juez preguntó si el niño se encontraba con algún familiar, a lo que el abogado defensor respondió que en este momento está junto al hermano pequeño del detenido, de 16 años, hecho que lleva al magistrado a solicitar la identificación real de todas las personas para su reunificación.

En las últimas semanas, las medidas ordenadas por Trump  aumentan la tensión en la frontera entre EE.UU. y México, con más de 2.300 niños separados de sus parientes y enviados a centros de detención temporal de menores inmigrantes, aunque el presidente ordenó que pararan las separaciones familiares la semana pasada.

Brownsville acoge uno de esos centros para niños, Southwest Key Programs Casa Padre, al que más de 1.000 menores son trasladados desde que comenzó la crisis migratoria.

En este lugar, al menos desde su exterior, predomina la calma, en contraste con el ritmo de la corte, puesto que la seguridad no permite a nadie acercarse a menos de 100 metros de la puerta y en sus alrededores algunos vecinos aprovechan la cercanía del río para refrescarse por el calor.

Las organizaciones en defensa de los derechos civiles reclaman que no se normalice “la retórica antiinmigrante de Trump” y animan a la comunidad local a continuar con su apoyo a las personas que “solo buscan un futuro mejor”. (I)