El expresidente nacionalista catalán Artur Mas (2010-2016) quedó este lunes inhabilitado para ejercer cargos públicos electos durante dos años por desobedecer la prohibición de la justicia española de celebrar en 2014 en esta región una consulta independentista.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso finalmente una pena muy inferior a la requerida por la fiscalía, que era de diez años de inhabilitación.

Mas fue procesado y compareció en juicio oral en Barcelona del 6 al 10 de febrero, por desobedecer la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional de la consulta sobre la independencia, celebrada el 9 de noviembre de 2014.

En esa consulta no vinculante participaron 2,3 millones de catalanes de un total aproximado de 6,3 millones que estaban invitados a votar.

De aquellos que acudieron a las urnas, un 80% apostó por la secesión de esta región del noreste de España, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.

Los secesionistas, mayoritarios en el Parlamento regional desde 2015, utilizaron el juicio oral para hacer una demostración de fuerza, y el primer día arroparon a los acusados con una manifestación de 40.000 personas ante el TSJC.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, no tardó en criticar la decisión de este lunes, comparándola con el anuncio del gobierno regional escocés de que solicitará un nuevo referendo de independencia del Reino Unido, después de la infructuosa consulta de 2014.

"¡Qué error! Qué diferencia con las democracias consolidadas y saludables", escribió el independentista Puigdemont en Twitter.

También fustigó la decisión Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido favorable a la independencia y miembro de la coalición de poder en la región.

La sentencia es "indigna y antidemocrática", y "por mucho que inhabiliten a políticos", las autoridades españolas "no lo podrán parar", dijo a la prensa Sergi Sabrià, portavoz de ERC y diputado regional, en referencia al proceso soberanista.

Desde 2010, los independentistas catalanes agudizaron su desafío al gobierno central de España, y han ido tramitando una serie de medidas en el Parlamento de cara a una hipotética "desconexión".

El gobierno español, en manos del conservador Partido Popular (PP), y la justicia no han dejado de actuar contra esas medidas, en una compleja batalla legal que también ha llevado al banquillo al exportavoz del gobierno catalán Francesc Homs y a la actual presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell.

Pese a ello, los independentistas no cejan en su empeño y Puigdemont ha prometido para septiembre un referéndum de independencia, con o sin la autorización del gobierno español. El gobierno de Mariano Rajoy ha dejado claro que no autorizará dicha consulta.

Junto con Mas fueron condenadas sus compañeras de gobierno, la exvicepresidenta Joana Ortega (inhabilitada un año y nueve meses) y la exresponsable regional de Educación, Irene Rigau (un año y seis meses).

El nacionalista conservador Artur Mas fue condenado, además de la inhabilitación por dos años, a una multa de 36.500 euros.

Fue sin embargo absuelto del cargo de prevaricación, consistente en tomar disposiciones, en tanto que funcionario, a sabiendas de que éstas son ilegales. (I)