150 Indígenas brasileños que viven donde se construye la represa de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará, viajarán a Brasilia con la intención de dialogar con autoridades del gobierno federal.

El Ejecutivo prometió enviar un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para recoger a los nativos y trasladarlos a esta capital, donde se reunirán con el jefe de la secretaría general de la Presidencia, Gilberto Cavalho, y representantes de los ministerios de Justicia y de Minas y Energía.

Uno de los líderes aborígenes, Valdenir Munduruku, señaló que dejarán este martes las zonas ocupadas de esa obra en construcción para analizar con los funcionarios gubernamentales el pedido de su comunidad de parar los trabajos de la represa y la edificación de una hidroeléctrica en esa área mientras no se presenten los estudios ambientales, que certifican la no afectación del entorno.

Queremos que se cumpla con la Constitución y se aplique en este caso "la consulta previa a los pueblos indígenas", denunciaron en una carta difundida el miércoles último, cuando ocuparon las áreas constructivas.

Si los resultados de la reunión con Cavalho y representantes de los ministerios de Justicia y de Minas y Energía no son satisfactorios, retornaremos a Belo Monte para paralizar de nuevo los trabajos, recalcó Munduruku.

"Sabemos que el principal interés del Gobierno es completar los trabajos lo más rápidamente posible y que dificulta nuestra posición, pero esperamos que cumpla con las demandas. Queremos salir de la reunión con un buen resultado, con respuestas concretas", enfatizó.

El acuerdo de dialogar en Brasilia fue alcanzado el pasado día 30, pero los indígenas manifestaron que se quedarían en el lugar hasta el día de la partida hacia la capital, pues desconfían de las autoridades.

Desde el inicio de esa obra en marzo de 2012 los trabajadores de la represa interrumpieron en varias ocasiones sus labores debido a la negativa indígena de permitir la construcción.

Un informe del Consejo Indigenista de Misionario y la organización no gubernamental Xingú Vivo Para Siempre, la represa inundará 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica, lo cual llevará al desplazamiento de unos 50 mil indígenas y campesinos que viven en la zona.