La presunta "desobediencia civil" de dirigentes catalanes que organizaron una consulta prohibida sobre la independencia centró este martes dos comparecencias judiciales, a la espera que el jueves declare el presidente saliente Artur Mas, que negocia la formación de un nuevo gobierno secesionista.

"No tengo consciencia de haber desobedecido en ningún momento ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, ni consciencia de haber dictado ninguna resolución injusta, ni de haber cometido ninguna irregularidad económica", afirmó la exvicepresidenta del gobierno regional, Joana Ortega.

"No es bueno criminalizar un acto político, pacífico y democrático. La política no tiene que dirimirse a través de los tribunales de lo penal sino a través del diálogo y la negociación", añadió ante los periodistas a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en Barcelona.

Ortega, Mas -convocado a declarar el jueves- y la responsable de Educación, Irene Rigau, están imputados de "desobediencia civil" y "malversación de fondos" por haber organizado el 9 de noviembre de 2014 una consulta simbólica sobre la independencia de esta rica región de 7,5 millones de habitantes.

Aquella consulta, sin valor legal, pretendió reemplazar al referéndum férreamente rechazado por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy. Pero también había sido prohibida por el Tribunal Constitucional, por considerar que la Carta Magna impide organizar consultas regionales sobre temas que conciernen al conjunto del país.

El Constitucional, cuyo magistrados son nombrados por el poder, está compuesto mayoritariamente por conservadores, que los independentistas sospechan cercanos al ejecutivo de Rajoy.

Unos 2,3 millones de personas había participado en la consulta y 80% votó por la independencia.

Los tres responsables habían sido imputados el 29 de septiembre, dos días después de unas elecciones regionales anticipadas en Cataluña que los independentistas presentaron como un plebiscito sobre la secesión.

Rigau fue la primera en comparecer ante el tribunal, adonde llegó acompañada por buena parte del ejecutivo regional y de otros dirigentes separatistas que, junto a centenares de manifestantes, cantaron el himno catalán.

Denunciando "un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial", la justicia fustigó en un comunicado esta manifestación, considerada "todavía más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representates públicos, algunos funcionarios del gobierno".

Por su parte, las poderosas asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural convocaron concentraciones por la tarde ante todos los ayuntamientos de Cataluña. En la de Barcelona debía participar su alcaldesa, la indignada Ada Colau.

Negociando un gobierno independentista

Ortega y Rigau sólo respondieron a preguntas del juez y rechazaron hacerlo a las del fiscal y de la acusación popular, formada principalmente por la asociación ultraderechista Manos Limpias.

"Comparecí con la consciencia bien tranquila. En una sociedad democrática se tiene que poder conocer (...) la opinión de los ciudadanos", dijo a los periodistas Rigau al término de su declaración.

Estas comparecencias se producen mientras la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), impulsada por Mas y vencedora de las elecciones del 27 de septiembre, negocia con la ultraizquierdista CUP para formar un gobierno regional de corte separatista.

Juntos suman 72 de los 135 escaños del parlamento regional (62 y 10 respectivamente) y aunque no obtuvieron la mayoría de los sufragios (47,8%) se consideran legitimados para lanzar un proceso para declarar la independencia en 2017 como muy tarde.

"Estamos al lado del derecho irrenunciable de cualquier pueblo de votar y decidir su futuro político en las urnas", declaró el líder de la CUP, Antonio Baños.

Pero esta unidad ante la justicia no se traduce de momento en un acuerdo. La CUP, que descarta entrar en el ejecutivo, exige que no lo dirija el liberal Mas y reclama pasos claros hacia la secesión, sin negociar sus términos con Madrid.

En el plano nacional, la "cuestión catalana" se presenta como uno de los principales debates ante las elecciones legislativas del próximo 20 de diciembre. Todos los partidos, excepto el conservador Partido Popular de Rajoy, proponen reformas constitucionales para mejorar las relaciones con esta región.

Este martes, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, acusó a Rajoy de "esconderse detrás de los tribunales". "Esta es una crisis política que se debe resolver desde la política", reclamó. (I)