En medio de un paro de choferes que empezó ayer en Bolivia, el vicepresidente  Álvaro García Linera aseguró   que la expropiación a Red Eléctrica de España (REE) de la empresa de Transporte de Electricidad (TDE) es “irrevisable” y advirtió  que habrá descuentos en las indemnizaciones al grupo español.

“Toda nacionalización siempre acompaña una pequeña o diminuta compensación, y seguramente en nuestro caso se la dará, o quizás la valoración dice que no hay que pagar nada”, informó García Linera  horas antes de que el presidente de REE, José Folgado, comience a negociar en La Paz la indemnización.

El vicepresidente agregó que se harán los descuentos que correspondan, y que el Gobierno esperará los resultados de la evaluación de TDE que hará una empresa independiente para tomar decisiones sobre la indemnización por la expropiación anunciada el 1 de mayo.

Linera dijo, además, que  el Gobierno está atento a un informe de 2010 de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), que dice que la empresa vale   5,88 millones de euros (7,73 millones de dólares), un dato interesante, según Linera.  

Morales expropió, la semana pasada, las acciones de REE en la transportadora, equivalentes al 99,94 % del paquete accionarial, argumentando inversiones insuficientes. Según las cuentas de TDE, su patrimonio neto en 2011 era de 164 millones de dólares, mientras que en 2010 eran 150 millones. La eléctrica española  alega que ha hecho un importante esfuerzo inversor en Bolivia con 88 millones de dólares: 74 millones desde 2002 a 2011, de los cuales 69 millones corresponden a proyectos de la red de transporte, y 14 millones más en iniciativas iniciadas.

Mientras tanto,  los sindicatos del transporte paralizaron ayer La Paz y El Alto, en el primer día de un paro de 48 horas contra una ley que busca ordenar el caos vial, y comenzó así  la séptima semana consecutiva de conflictos en Bolivia. Los choferes se sumaron a numerosos sectores movilizados desde marzo, incluidos maestros, médicos, trabajadores de la salud, universitarios e indígenas.

El Gobierno anunció   que convocará a la dirigencia de la Central Obrera para persuadirla de efectuar un paro de 72 horas que iniciaría mañana. El vicepresidente reiteró  ayer  el llamado al sector médico para que reinicie la atención, tras la suspensión del decreto que elevaría la jornada laboral a 8 horas para mejorar la asistencia al pueblo.