El abogado general de la Unión y defensor de la presidenta Dilma Rousseff en el proceso de juicio político, José Eduardo Cardozo, afirmó que el impeachment es un trauma que Brasil no merece.

"Aun si se realizara con apego a las normas constitucionales, el impeachment resulta un proceso traumático; y lo es más cuando en un caso como este carece de todo sustento jurídico", sostuvo el letrado al intervenir ante la comisión especial del Senado Federal encargada de examinar la admisibilidad de un proceso de destitución de la mandataria.

Cardozo reiteró que para probar la comisión de un crimen de responsabilidad, como el que se le trata de atribuir a Rousseff, "tiene que existir un acto practicado con dolo por la Presidenta y no una percepción política abstracta".

Aprobar un impeachment sin esas condiciones -advirtió- hará que este se convierta en un instrumento en manos de la oposición que podrá utilizarse a todos los niveles y convertirá a Brasil en un país cuya estabilidad estará permanentemente amenazada.

El titular de la Abogacía General de la Unión reafirmó asimismo que la denuncia presentada contra Rousseff es frágil, no consigue demostrar la supuesta existencia de un acto ilícito, ofende claramente el principio de la racionalidad y busca criminalizar la política económica del Gobierno.

En ese sentido, el ministro de Hacienda Nelson Barbosa explicó que , contrario a lo que sostienen los autores de la acusación, los decretos suplementarios suscritos por Dilma no tuvieron ningún imapcto sobre la meta fiscal de 2015, la cual además fue cumplida.

También negó que los contratos de prestación de servicios existentes entre el Gobierno federal y los bancos públicos constituyan operaciones de crédito y subrayó que la criminalización de la política fiscal tiene atado de manos al Ejecutivo.

La sesión de hoy, que se extendió durante aproximadamente 10 horas, fue la segunda de la comisión especial senatorial, integrada por 21 miembros titulares y otros tantos suplentes y que el próximo 6 de mayo votará el parecer del relator Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Para su aprobación, el relatorio requerirá solo del apoyo de la mayoría simple del colegiado.

De ese modo, todo quedará listo para que el plenario del Senado pueda votar el parecer de Anastasia a el día 11, definiéndose entonces -también por mayoría simple- si se llevará adelante o no el juicio político con fines destituyentes contra la jefa de Estado

En caso que el relatorio fuera favorable al procedimiento de destitución, pero el plenario de los senadores lo rechazara, la denuncia sería archivada.

De admitirse el pedido, la Presidenta sería notificada y apartada del cargo por un período máximo de 180 días para que los senadores concluyeran el proceso de enjuiciamiento.

Si se llegara a esta instancia, las sesiones del juicio político serían encabezadas por el Presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) y la aprobación de la casación del mandato de la jefa de Estado requeriría el apoyo de dos tercios (54) de los miembros del Senado. (I)