La denuncia alrededor de la supuesta compra de testimonios en el caso Madre Mía, en el que el expresidente, Ollanta Humala, aparece como principal implicado en la desaparición y tortura de varias personas en 1992, ha tenido efecto inmediato en la Fiscalía de Perú.

La instancia Supraprovincial en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos abrirá un expediente de investigación para determinar la responsabilidad del exmandatario en la compra de testigos, buscando eliminar cualquier tipo de vínculo con los hechos violentos ocurridos en la base militar, comandada por Humala cuando aún estaba en servicio activo en el Ejército Nacional.

Edith Chamorro, fiscal a cargo de esta investigación, declaró que los ejes de pesquisa estarán centrados en la posible tortura y desaparición de personas, lo que configuraría un claro delito de lesa humanidad, figura jurídica bajo la que sería juzgado, de llegar a esas instancias.

En 2009 y después de tres años de investigación bajo esta misma figura judicial, Humala fue absuelto por el Poder Judicial y el caso archivado de forma definitiva.

La aparición de nuevos testigos durante los últimos días ha reactivado las dudas sobre su inocencia. Personas que aseguran haber escuchado las órdenes de Humala para torturar a los detenidos, otras que aseguran saber cómo se deshicieron de los cuerpos, otras que dicen estar seguras de saber dónde están enterrados los restos de los desaparecidos. Una larga fila de voces que, cercanas a la verdad o no, han enfilado sus acusaciones sobre el expresidente.

Para la defensa de Humala más allá de los audios que pondrían en tela de duda la veracidad de las pruebas sobre las que se lo absolvió, existe una clara presión política para empujar el caso al centro del debate nacional. Si bien las voces de supuestos nuevos testigos forman un material indispensable en esta investigación, lo que la Fiscalía debería tener son documentos, cuerpos, evidencias probatorias que pusieran en duda lo actuado por el Poder Judicial en la investigación anterior.

Aun así, al menos dos años tardaría esclarecer los agravantes de estas denuncias, de acuerdo con los magistrados, para recién intentar un nuevo juzgamiento a Humala.

Las vías para esa posible nueva sanción no son de acceso simple. Se podría, en un caso, trabajar sobre la figura de nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, en la que se deberían incluir todas estas pruebas concretas que acaso el nuevo proceso de investigación revele. En otro caso, la sanción solo podría apelarse a una instancia supranacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para el 25 de este mes se fijó la audiencia para la exposición de este caso en la Sesión Extraordinaria de la CIDH, a realizarse en Buenos Aires, Argentina. Se busca con ello activar nuevas vías de presión que conminen a la fiscalía a realizar un trabajo serio, distanciado de la presión política, para verificar, si en efecto se alteraron testimonios y se escondieron pruebas en pos de limpiar la hoja de vida de Humala, un exmandatario que, a menos de un año de dejar el poder, enfrenta graves cuestionamientos judiciales. (I)

DATOS

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

La organización está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C.

Fue creada por la OEA en 1959 en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos de toda persona, bajo la jurisdicción de los Estados americanos es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a abusos y discriminación. (I)