Gran Bretaña, máxima aliada de Estados Unidos en la guerra de Irak (2003-2011), enfrenta en la Corte Penal Internacional (CPI) procesos judiciales contra sus políticos y militares de alto rango, incluidos exministros de Defensa y comandantes en jefes del Ejército, por presuntos crímenes de guerra cometidos contra miles de iraquíes.

Una coalición de abogados agrupados en la entidad Public Interest Lawyers (PIL) y juristas del Centro Europeo para Asuntos Constitucionales y de Derechos Humanos (Ecchr, por sus siglas en inglés) presentaron las denuncias en la corte con sede en La Haya.

Los abogados especializados en temas de derechos humanos elaboraron un listado de más de 400 casos de iraquíes afectados, argumentando que estos representan “miles de denuncias de malos tratos considerados crímenes de guerra por tortura, degradación o trato cruel e inhumano”.

Los juristas describieron incidentes que van desde prisioneros siendo encapuchados, hasta quemados, sometidos a torturas con descargas eléctricas, amenazados con ser asesinados y humillados “por su cultura y religión”.

Otras formas de abusos, todos ellos cometidos entre 2003 y 2008, incluyen violaciones sexuales, ejecuciones simuladas y amenazas de violación, tortura y muerte.

DATOS

El exfuncionario británico Sir John Chilcot comenzó en noviembre de 2009 una pesquisa sobre la guerra de Irak, que finalizó en febrero de 2011.

Chilcot entrevistó a un centenar de políticos, militares, testigos y analistas, entre ellos a quienes fueron primeros ministros, Tony Blair y Gordon Brown. El informe criticó duramente la labor del gobierno en ese conflicto y puso en duda las justificaciones que ofreció la administración de Blair para invadir el país árabe.

Un reporte publicado en marzo de 2011 en Londres por el grupo Amnistía Internacional (AI) concluyó que, diez años después de la invasión, en Irak se siguen cometiendo graves abusos a los derechos humanos. La guerra en Irak costó a Gran Bretaña al menos  15.000 millones de dólares.El jefe del Ejército británico, general Sir Peter Wall; el exministro de Defensa, el laborista Geoff Hoon; y el antiguo subsecretario de Defensa, Adam Ingram, son algunos de los políticos y militares británicos involucrados en un dossier de 250 páginas enviados a la CPI.

La coalición de juristas sostiene que la Corte debe investigar crímenes de guerra bajo su artículo 15 del Estatuto de Roma.

El dossier destaca que deben ser investigados “aquellos que tuvieron la mayor responsabilidad” por supuestos crímenes de guerra, “incluidos individuos de alto rango” del Ejército británico y el sistema político.

Los comandantes militares del Reino Unido “sabían lo que pasaba o debieron saber” que las fuerzas bajo su control “estaban cometiendo o iban a cometer crímenes de guerra”. “Y sus superiores civiles (políticos) sabían o desestimaron conscientemente información en su poder, que claramente indicaba que los militares británicos estaban cometiendo crímenes de guerra en Irak”, agregó.

Tras las denuncias, el Gobierno de Gran Bretaña rechazó el pedido.

El ministro de Exterior británico, el conservador William Hague, consideró que no hay necesidad alguna que la Corte Penal investigue denuncias contra las fuerzas británicas por abusos y asesinatos de detenidos bajo custodia. “No hubo tortura sistemática” de las tropas, afirmó Hague, quien destacó que casos específicos de abusos fueron lidiados tanto por las autoridades británicas como por las cortes.

El jefe de la Cancillería británica agregó a la cadena Sky News que aunque se cometieron “algunos abusos”, el gobierno y el Ejército rechazan las denuncias de “abusos sistemáticos por parte de las tropas”. “Las Fuerzas Armadas británicas operan bajo los estándares más altos y son consideradas como una de las más prestigiosas del mundo”, continuó.

Por su parte, Jack Straw, quien se desempeñaba de canciller desde 2001 hasta 2006, se mostró sorprendido por las denuncias presentadas el fin de semana en La Haya. “No he visto el dossier y es la primera vez que me entero de algo semejante”, indicó el parlamentario laborista.

El año pasado, el Alto Tribunal británico pidió un "nuevo enfoque" para lidiar con las imputaciones.El año pasado, el Alto Tribunal británico pidió un “nuevo enfoque” al gobierno para lidiar con denuncias de abusos por parte de tropas, que actualmente están a cargo del Equipo de Investigaciones históricas en Irak.

Los jueces consideran que habría unos 160 casos de iraquíes asesinados a manos de soldados británicos, como también entre 700 y 800 casos de malos tratos de civiles iraquíes en clara violación con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe el trato inhumano y degradante de personas.

Según distintas fuentes, se estima que la cantidad de personas muertas por la guerra en Irak fluctúan entre 150.000 y un millón.

La guerra, que causó la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el derrocamiento del presidente Sadam Husein, su captura en diciembre de 2003 y su ejecución en diciembre de 2006, costó 9.000 millones de dólares al Reino Unido y más de 845.000 millones de dólares a Estados Unidos, el costo total para la economía de este último entre 3 y 5 billones de dólares.