La decisión de Estados Unidos de renovar la "emergencia nacional" sobre Venezuela alienta a grupos violentos opositores para atentar contra el orden democrático, aseguró este viernes el gobierno del presidente Nicolás Maduro al rechazar la medida de la Casa Blanca.

Venezuela "denuncia ante la comunidad internacional que esta agresión incita a los factores antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana para atentar contra la institucionalidad del país y sus autoridades legítimas y constitucionales", señaló una declaración leída por la canciller, Delcy Rodríguez.

En respuesta a la ampliación de la emergencia por un año, anunciada el jueves, el gobierno venezolano también decidió una vez mas "someter a revisión integral las relaciones" con Estados Unidos.

Un examen similar fue ordenado por Maduro el pasado 19 de noviembre, tras filtraciones del exconsultor de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) sobre un supuesto espionaje a la estatal petrolera venezolana Pdvsa, sin que se hubieran anunciado medidas concretas.

Caracas y Washington carecen de embajadores desde 2010, y son frecuentes los llamados del gobernante socialista a radicalizar su postura.

El presidente estadounidense Barack Obama extendió la declaratoria de emergencia -dictada el 8 de marzo de 2015- aduciendo que el gobierno de Maduro continúa erosionando los derechos humanos y persiguiendo a dirigentes opositores, en un entorno de corrupción oficial.

El gobierno venezolano "repudia enérgicamente la renovación de la orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, que de forma inexplicable insiste en declarar a Venezuela como una 'amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos'", subrayó el comunicado.

Caracas también expresó que la medida ignora los "llamados de los pueblos del mundo y de la comunidad internacional (...) que exigieron expresamente la derogación y no renovación de esta insólita orden".

La decisión de Obama coincide con un clima de agravada crisis institucional en Venezuela, luego que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) redujera los poderes del Parlamento, controlado desde enero por la oposición.

Esa y otras decisiones recientes del tribunal han acelerado el debate en la alianza opositora sobre el camino que recorrerá para intentar sacar del poder a Maduro (2013-2019), quien acusa a sus detractores políticos de "tratar de imponer escenarios golpistas con apoyo de factores imperiales de Estados Unidos".

Venezuela fue escenario en 2014 de violentas protestas convocadas por el opositor radical Leopoldo López para presionar la renuncia de Maduro, que dejaron 43 muertos en tres meses.

López fue condenado en septiembre pasado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en esas manifestaciones. (I)