Tegucilgalpa.-

Mientras la crisis política que vive Honduras se agudiza a raíz de la destitución de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Porfirio Lobo llamó ayer a las principales autoridades del Estado a un diálogo nacional a través de un mensaje televisado.

“En las próximas horas  llamaré a actores clave de la democracia, al presidente del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y otros órganos del Estado a un diálogo nacional abierto para construir una salida”, dijo el presidente en cadena nacional, aunque no especificó quiénes serían todos los participantes ni cuáles los temas a tratar.
“La independencia y complementariedad de los poderes del Estado es fundamental”, afirmó.

El Congreso hondureño aprobó la destitución inmediata de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia después de que tomaron una decisión contraria a los intereses del gobierno de Porfirio Lobo, lo que provocó una crisis institucional. Se los acusó de cometer infracciones administrativas y de oponerse a la depuración policial, por declarar inconstitucional una iniciativa de ley que establecía cambios en esa fuerza pública.

Rosalinda Cruz, una de las magistradas destituidas, se quejó de la decisión. “Se ha dicho que estamos a favor de la delincuencia, pero solo estamos a favor de que se cumplan las garantías de los derechos fundamentales, el derecho a la defensa y al debido proceso para todos los ciudadanos”, afirmó.

“No estamos en contra de la depuración policial, pero el poder no puede ser ilimitado”, explicó la magistrada. Agregó que la corte emitió un fallo “que defiende los derechos de los policías sometidos a pruebas de confianza que la ley hondureña no permite, como el polígrafo”.

Los magistrados destituidos dijeron en un comunicado que el Poder Legislativo, al irrumpir en el Poder Judicial, violentó la separación de poderes y alteró el orden constitucional. Para los jueces, “el procedimiento de destitución no tiene fundamento legal alguno” y “se ha vulnerado el derecho a defensa y el derecho a ser oído y el debido proceso”.

El fiscal general de la República, Luis Rubí, lamentó la votación en las primeras horas del miércoles que destituyó a los jueces después de que rechazaron un plan del presidente Lobo de depurar la corrupta Policía Nacional. Dijo que su oficina analiza si los legisladores pueden ser procesados por posible acción ilegal.

Los fiscales de la República están reunidos estudiando el caso. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente del Congreso ni el de la República, dijo Rubí. “Los fiscales analizamos la responsabilidad de quienes han tomado esa decisión y si la hay nos vamos a pronunciar. Hemos solicitado al Congreso que nos proporcione la información necesaria, la moción,  el acta de la sesión, lo estudiaremos y nos pronunciaremos”, agregó Rubí.

El miércoles, Lobo se reunió con la junta de jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. A la salida del encuentro, el general jefe del Estado Mayor, René Osorio, dijo que el presidente les explicó aspectos de lo sucedido en el Congreso y la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero aclaró que “esos son temas que a las Fuerzas Armadas no le competen”.

El general también afirmó: “Como Fuerzas Armadas, mantenemos lealtad permanente a los tres poderes del Estado y estaremos pendientes de cualquier tarea que se nos encomiende, como manda la Constitución para garantizar la paz del pueblo hondureño”. Señaló que la situación de la Corte Suprema de Justicia y la del Congreso Nacional son cosas inherentes a dichos poderes y eso lo respetan como institución apolítica, obediente y no deliberante en temas políticos.