El gobierno español introdujo este viernes un recurso ante la justicia para intentar evitar que Carles Puigdemont lo deje muy mal parado haciéndose reelegir presidente de Cataluña, pese a la orden de captura contra el líder independentista.

Obviando la opinión desfavorable de un órgano consultivo, el gobierno acudió al Tribunal Constitucional para evitar "hechos consumados que pudieran ser más perjudiciales para (...) el respeto a nuestras leyes", como una investidura de Puigdemont, razonó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Destituido junto a todo su gobierno tras la fallida proclamación de independencia de Cataluña el 27 de octubre, Puigdemont está instalado en Bruselas esquivando a la justicia española que lo investiga por rebelión y sedición al igual que a otros líderes independentistas.

Pero es el único candidato previsto en el debate de investidura que convocó para la tarde del próximo martes la cámara catalana, donde los independentistas volvieron a conseguir la mayoría absoluta (70 de 135 escaños) en las elecciones del 21 de diciembre.

El líder independentista no ha descartado presentarse a la investidura, aunque también ha propuesto que esta se haga de forma telemática, para evitar ser detenido y puesto en prisión provisional si vuelve a España.

Pleno del Constitucional el sábado

El gobierno español considera que está descalificado para ser candidato.

"Una persona que está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves no puede tratar de ser investido presidente de la Generalitat sin asumir sus responsabilidades con la justicia", resumió Sáenz de Santamaría.

El ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy ha defendido su estrategia, obviando el pronunciamiento no vinculante del Consejo de Estado, un alto órgano consultivo, que la víspera se mostró contrario a impugnar preventivamente la candidatura de Puigdemont.

"La jurisprudencia constitucional prohíbe la impugnación preventiva o hipotética", indicó el dictamen del Consejo de Estado.

El Tribunal Constitucional anunció para la tarde del sábado el pleno para decidir si admite a trámite el recurso del gobierno. De aceptarlo, quedaría inmediatamente suspendida la sesión de investidura.

Por ahora, la reunión sigue en pie y el único candidato es Puigdemont, reiteró desde Barcelona el presidente de la cámara catalana, el independentista Roger Torrent, que espera la decisión del Constitucional para dar una respuesta formal.

Si el Constitucional admite el recurso, Torrent "no puede convocar la sesión porque la resolución en la que se basa será suspendida", señaló a la AFP Xavier Arbós, profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona. "Estará todo en las manos del señor Torrent: ¿obedecerá o no obedecerá?", dijo.

Situación jurídica "caótica"

La profesora de Derecho Constitucional de la española Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Yolanda Gómez, consideró que el gobierno echa mano de las herramientas jurídicas a su disposición "porque la situación en Cataluña se ha desbordado".

En efecto, el ejecutivo español se ha visto obligado a actuar al compás de los independentistas que han llevado la iniciativa desde que en septiembre el parlamento catalán convocara un referéndum de autodeterminación para allanar el camino a a la secesión.

El referéndum tuvo lugar el 1 de octubre, pese a haber sido prohibido por el Tribunal Constitucional y a los esfuerzos denodados del gobierno, que desembocaron en imágenes de violencia policial ese día.

El parlamento catalán proclamó la república catalana el 27 de octubre y horas después el gobierno tomaba el control de la región de 7,5 millones de habitantes y que representa casi el 20% del PIB español.

Arbos estima, al igual que el Consejo de Estado, que el gobierno no puede oponerse preventivamente a la investidura de Puigdemont porque éste "reúne las condiciones para ser candidato".

"Soy consciente que estamos delante de un absurdo, las normas no podían tomar en cuenta que alguien proponga un candidato que esté en busca y captura", dijo Arbos.

"La situación jurídica es absolutamente caótica, porque nadie regula pensando que una alta autoridad va a hacer esto" que ha hecho Puigdemont, coincidió Gómez. (I)