“Asumimos el reto de trabajar por la reconciliación y la verdadera paz, ese es nuestro compromiso con el país porque nuestra razón de existencia es el bienestar de todo nuestro pueblo, no hay paz sin libertad”, aseguró Sandra Isaza Rincón, una de los 4 integrantes de las FARC que en las próximas horas viajarán a La Habana tras ser indultados por el gobierno colombiano.

Las afirmaciones las hizo en una rueda de prensa en el oriente de Bogotá, junto a Carlos Antonio Ochoa, quien también se unirá a la mesa de diálogos en Cuba. También formarán parte de esta comisión Elky Javier Caballero Rodríguez y Gloria Álvarez Mestizo.

Los 4 militantes hacen parte de un grupo de 16 excombatientes que fueron liberados ayer. La otra semana serán excarcelados otros 14 integrantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La concesión de estos indultos -anunciada el 22 de noviembre pasado- obedece a un “primer gesto” unilateral del Gobierno tras evaluar favorablemente el cumplimiento del alto el fuego unilateral por parte de las FARC, que condujo a la disminución de la violencia y a los avances  en el proceso de paz, que desde octubre de 2012 se negocia en La Habana.

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los 4 rebeldes “llegarán a la mesa de conversaciones en calidad de ciudadanos autorizados por el gobierno colombiano para recibir información del contenido de los acuerdos alcanzados como preparación para su trabajo de pedagogía y difusión de los acuerdos, en su condición de constructores y promotores de paz”.

Los demás integrantes que salieron en libertad regresarán a sus respectivas ciudades con el apoyo de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Ellos también deberán trabajar en sus territorios como promotores de los acuerdos conseguidos en la capital cubana. El gobierno, por su parte, se compromete a dar seguridad especial a estas personas.

Las 16 personas que recuperaron su libertad ayer estaban condenadas por el delito de rebelión y conexos. El gobierno decidió concederles el perdón de las condenas impuestas por la justicia colombiana y aclaró que este indulto no tuvo como fundamento la condición de salud de los presos, sino la naturaleza del delito por el que se encontraban en la cárcel.

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 418 de 1997, el gobierno puede conceder el indulto a las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delitos políticos y conexos, cuando a su juicio el grupo armado organizado al margen de la ley, con el que se adelante un proceso de paz, haya manifestado su interés de reincorporarse a la vida civil.

Los delitos conexos con la rebelión, según la legislación vigente, son: utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos radio-transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de Fuerzas Armadas o de defensa personal.

La principal condición impuesta por el Gobierno para conceder el indulto era el compromiso de no regresar a las filas de las FARC. No pueden reincidir en el delito de rebelión, y a la vez se les impuso el deber de comenzar su proceso de reincorporación a la vida civil y convertirse en promotores de los acuerdos alcanzados en La Habana.

Excarcelados piden mejoras

Isaza y Ochoa le pidieron ayer al jefe de Estado que honre su palabra y cumpla con la promesa del 22 de noviembre, cuando anunció los indultos y prometió crear patios únicos para los presos políticos y adelantar brigadas de salud para atender a varios de los presos enfermos.

El gobierno, días atrás, se comprometió a tomar las medidas necesarias para prestar pronta atención en salud de las personas que lo requieran con urgencia.

Además, el Ministerio de Justicia viene implementando una serie de medidas para garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, entre ellas el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y de los servicios de salud, no solo para integrantes de las FARC.

Los consensos alcanzados

Iniciadas en Cuba en 2012, las conversaciones entre voceros del Ejecutivo y de las FARC podrían finalizar este año con un tratado que ponga término a la confrontación bélica.

Hasta el momento, ambas delegaciones lograron consensos en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas. Adicionalmente, convinieron en crear un mecanismo tripartito para verificar el cese el fuego bilateral y la dejación de las armas, una vez instaurados.

En ese mecanismo estarán representadas ambas partes y un componente internacional: una misión política de Naciones Unidas integrada por observadores provenientes de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. (I)

CRONOLOGÍA

El gobierno de Colombia y las FARC negocian en La Habana, Cuba, un acuerdo para acabar el conflicto armado de más de medio siglo, que le ha costado la vida a 220.000 personas, ha dejado unos 7 millones de víctimas y daños incalculables al medio ambiente

Mesa (19/11/2012)
Negociadores del gobierno y las FARC establecen en La Habana la mesa de diálogo para terminar el conflicto.   

Acuerdo (26/05/2013)
Las partes anuncian el primer acuerdo de la agenda de negociación, en el punto de tierras y desarrollo rural.

Responsabilidad (20/07/2013)
Las FARC reconocen, por primera vez, que tienen “parte de responsabilidad” en las víctimas del conflicto.

Segundo acuerdo (16/08/2013)
Las partes anuncian el segundo acuerdo de los 5 temas de la agenda, sobre participación política de la guerrilla.

Narcotráfico (16/05/2014)
El gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos, el tercer tema de la agenda.

Víctimas (16/08/2014)
Un primer grupo de 12 víctimas del conflicto armado participa en una audiencia en La Habana.

Tregua (17/11/2014)
Voceros de la guerrilla anuncian un alto el fuego unilateral indefinido que comienza el 20 de diciembre.

Desminado (07/03/2015)
El gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para realizar el desminado humanitario conjunto en el país.

Comisión (04/06/2015)
Las partes acuerdan la creación de una comisión de la verdad, que se pondrá en marcha cuando se firme la paz.

Proyecto (15/09/2015)
El Gobierno presenta al Congreso un proyecto para facilitar la rápida implementación de acuerdos de paz.

Fijan plazos (23/09/2015)
El presidente colombiano acuerda con el líder de las FARC firmar la paz el 23 de marzo de 2016.

Desaparecidos (17/10/2015)
Anuncian acuerdo para buscar conjuntamente a más de 25.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto.

Armas (10/11/2015)
El líder de las FARC ordenó a todas las estructuras de la guerrilla suspender la compra de armas.

Reparación (15/12/2015)
Acuerdan mecanismo de reparación a víctimas que incluye un sistema integral para la verdad y justicia.

ONU (19/01/2016)
Las partes acordaron solicitar a la ONU una misión de verificación de dejación de armas.

Indulto (21/01/2016)
El gobierno excarcela a 16 guerrilleros de las FARC indultados. Faltan 14 por liberar.

La agrupación pide terminar con los paramilitares

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a discutir ayer con el gobierno estrategias para terminar con los grupos paramilitares, considerados por esa guerrilla la “mayor amenaza” para cerrar el conflicto armado de Colombia a través de un acuerdo de paz en Cuba.

La organización comunista dijo que a partir de ahora se enfocarán en “un debate profundo sobre la urgente necesidad” de “superar” el “azote del paramilitarismo”.
“Difícilmente se podría entender que las FARC concluyeran el paso de una organización armada a un movimiento político legal sin tener garantías ciertas” de la desarticulación de las bandas ilegales contraguerrilleras, señaló Pablo Catatumbo, negociador de paz de ese grupo, en un mensaje leído en La Habana.

La agrupación rebelde espera recibir garantías de que los paramilitares no serán una amenaza, como ha ocurrido en otros períodos cuando fueron asesinados activistas o políticos de izquierda por bandas de ultraderecha aliados con militares, quienes terminaron en la cárcel por esos vínculos.

“Lastimosamente tenemos que señalar que mientras iniciamos este debate, la actividad de los grupos paramilitares se multiplica”, denunció Catatumbo, y reiteró que ese fenómeno constituye la “principal talanquera (obstáculo) que impide el tránsito definitivo hacia una Colombia en paz”.

Acusados de delitos de lesa humanidad, miles de paramilitares depusieron las armas durante un controvertido proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), tras lo cual surgieron nuevas bandas dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales que la guerrilla ha denunciado como nuevos paramilitares. (I)