A tres días de la tragedia del puente Morandi, cuyo desplome causó 38 muertos, entre ellos tres niños de 8, 12 y 13 años, Génova sigue bajo la conmoción y angustia por el temor de que se derrumbe el resto del viaducto.

Los técnicos consideran que un pilar cede y puede ocasionar el hundimiento de la estructura. Varios bloques de viviendas ubicados bajo el puente están en peligro.

Fueron desalojadas con urgencia 632 personas, en total, que conforman 311 núcleos familiares. Muchas de ellas salieron con lo puesto.

El impacto de la catástrofe en el país es enorme, porque nadie se explica, y así lo reconoció el propio jefe de Gobierno, Giuseppe Conte, que una tragedia de estas dimensiones pueda ocurrir en un país desarrollado como Italia.

Los ciudadanos piden una explicación y soluciones al Estado que quitará la concesión de la autopista a la sociedad Autostrade.

El Gobierno, que el miércoles pidió la dimisión de los directivos de Autostrade, siguió ayer la misma estrategia y señaló a la compañía como la responsable del suceso.

El ministro del Interior, Matteo Salvini, culpó a la compañía y consideró que los directivos deberían ayudar económicamente a las familias de las víctimas.

La firma recordó que, si se diera el escenario de que el Estado retira la concesión, corresponderá por ley al titular de esta licencia reconocer una penalización que debería pagar el Gobierno, ya que el permiso tiene validez hasta 2038.

La sanción ascendería a 20.000 millones de euros.

Salvini también culpó de la tragedia a la Unión Europea y su política de austeridad acusada de impedir las inversiones. Sin embargo, la Comisión Europea aseguró que los Estados miembros tienen libertad para “fijar prioridades políticas, como el mantenimiento de las infraestructuras”.

El presidente de la región italiana de Liguria, Giovanni Toti, anunció que antes de final de año se darán casas a las 311 familias que fueron desalojadas tras el derrumbe del puente, ya que los edificios bajo el viaducto no volverán a ser habitables. (I)