El  juez español Baltasar Garzón se sentó ayer en el banquillo de los acusados por ordenar presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción, primer proceso contra el magistrado que en una semana será juzgado por tratar de investigar crímenes del franquismo.

Mientras tanto,  en los exteriores del Tribunal Supremo de Madrid, un centenar de personas se manifestaba  para expresar su apoyo a Garzón. “Tapan sus delitos echando a Garzón”, gritaron al recibir con aplausos la llegada del juez, quien es coordinador de la veeduría internacional para el proceso de reestructuración de la justicia en Ecuador.

Vestido con toga negra y magas de encaje blanco sobre una camisa y una corbata claras, el juez Garzón, de 56 años, escuchó con semblante serio las alegaciones de su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, quien se quejó de faltas de procedimiento en este juicio en el Tribunal Supremo de Madrid.

Garzón está imputado de “uso de instrumentos de escucha y grabación en violación de las garantías constitucionales” en la investigación de un escándalo de corrupción conocido como “trama Gürtel”, que a principios de 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP que gobierna España desde diciembre.

De ser declarado culpable, el juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.

Suspendido de sus funciones en España desde mayo de 2010, Garzón tiene pendientes contra él otros dos casos por presunta “prevaricación”, es decir por tomar una decisión injusta a sabiendas, lo que ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra el controvertido juez.

A partir del 24 de enero, el mismo Tribunal Supremo juzgará a Garzón por su intento de investigar sobre los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía aprobada en España en octubre de 1977.

“Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción”, consideró el diputado ecolocomunista  Gaspar Llamazares.

La plataforma “Solidarios con Garzón”, en la que participan artistas como el cineasta Pedro Almodóvar,  prometió que se manifestará mientras dure el proceso.