La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España procedió ayer a la expulsión del juez Baltasar Garzón de la carrera judicial.

Esta decisión, que deberá ser ratificada en el pleno del CGPJ del próximo jueves, se produce tras el fallo dictado el pasado 9 de febrero por el Tribunal Supremo (TS), que condenó al conocido magistrado a 11 años de inhabilitación.

En su veredicto, el TS acusó a Garzón de los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, al ordenar interceptar las conversaciones telefónicas entre los jefes de la sonada red de corrupción Gürtel y sus abogados.

Esa trama corrupta salpicó a principios de 2009 a altos cargos del conservador Partido Popular, ahora en el poder.
El órgano de gobierno de los jueces recuerda que el veredicto del Supremo conlleva la pérdida del cargo y de los honores que le son anexos.

La sentencia del alto tribunal en el caso de las escuchas supuso la pérdida definitiva de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Le incapacita, además, para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

Apartado de sus competencias desde 2010, Garzón aguarda el fallo de un segundo proceso que se sigue en su contra, relativo a su indagación sobre los más de 100 mil desaparecidos en la Guerra Civil  (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).