Decenas de militares rodeaban este miércoles la principal morgue de Caracas, donde fue llevado el cuerpo del piloto Óscar Pérez, abatido el lunes en una operación desplegada para capturar al hombre más buscado de Venezuela por acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El acceso a la Morgue de Bello Monte (sureste) fue restringido desde temprano por unos cinco cercos de efectivos armados y con escudos. En las cercanías, diputados opositores y activistas de derechos humanos exigían la entrega del cuerpo de Pérez y de otros seis miembros de su grupo, también muertos en el operativo.

"La respuesta que recibimos fue que no se van a entregar los cuerpos porque están a la orden de un tribunal militar", dijo a periodistas el diputado Winston Flores, miembro de una comisión creada por el Parlamento -de mayoría opositora- para investigar lo ocurrido.

Flores, también médico, manifestó que las autoridades "han sido muy herméticas" y "no han querido entregar el informe de la autopsia". "Hubo un ajusticiamiento extrajudicial y queremos comprobarlo", aseguró.

"Es una suma de irregularidades (...). Hay un silencio, porque lo que hubo fue un homicidio a personas que estaban demandando entregarse, aún así vimos cómo cuerpos de seguridad continuaron hasta darle muerte", agregó la parlamentaria Manuela Bolívar.

En videos que difundió en Instagram durante la operación, Pérez, usuario frecuente de las redes sociales, afirmó que las autoridades les estaban disparando pese a que él y sus hombres querían entregarse.

Sin embargo, el ministro del Interior, general Néstor Reverol, aseguró que el piloto y sus acompañantes cayeron abatidos al abrir fuego contra las fuerzas de seguridad que buscaban capturarlos.

El operativo se desarrolló siete meses después de que Pérez, también expolicía de 36 años, atacara desde un helicóptero edificios gubernamentales, en medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

El martes, la esposa del exagente, Dana Vivas, exigió en Twitter al gobierno "que permita identificar el cuerpo" a la familia, y aseveró que no autorizaban su cremación.

Flores aseguró que, según información recabada por la comisión legislativa, "los cuerpos están en una cava (nevera) refrigerada a resguardo de un tribunal militar".

En un comunicado, la ONG Foro Penal recalcó que es deber del Estado "garantizar la vida, incluso la de aquellos que hayan sido señalados como autores o partícipes en hechos punibles".

"Sin incurrir en prácticas que puedan ser consideradas como ajusticiamientos o ejecuciones informales o como la aplicación informal de la pena de muerte, expresamente prohibida en Venezuela", agregó. (I)