La Fiscalía de París abrió este viernes una investigación judicial sobre la presunta financiación irregular por parte del dictador libio Muamar el Gadafi de la campaña electoral que llevó al conservador Nicolas Sarkozy al Palacio del Elíseo en 2007.

La "información judicial" intenta aclarar si existen indicios sobre "corrupción activa y pasiva", "tráfico de influencias", "falsedad y uso de falsedad", "abuso de bienes públicos", "blanqueo, complicidad y encubrimiento de esos delitos", según la información que recoge la emisora "France Info" y el diario "Le Parisien".

En abril de 2012, la web "Médiapart" publicó un documento con fecha de diciembre de 2010 y procedente de los servicios secretos libios que presuntamente prueba que el difunto Gadafi aportó 50 millones de euros a la campaña de Sarkozy.

Según ese documento, el responsable de los servicios secretos libios del momento, Moussa Koussa, autorizaba al director del gabinete de Gadafi, Bachir Saleh, a efectuar el pago y se refería a reuniones previas con Brice Hortefeux, hombre muy próximo a Sarkozy y exministro del Interior.

Además, el responsable del espionaje libio hacía referencia a Ziad Takieddine, empresario francolibanés implicado en Francia en otros casos de financiación ilegal de partidos.

Cuando se destapó el supuesto escándalo, Sarkozy consideró esas acusaciones "grotescas" y denunció a "Médiapart" por "publicación de falsas noticias".

Esa denuncia motivo una investigación preliminar que no pasó a mayores, según reveló hoy la Fiscalía, que señaló que las autoridades francesas registraron recientemente los domicilios del que fuera secretario general del Palacio del Elíseo, ministro del Interior y estrecho colaborador de Sarkozy, Claude Guéant, y de Takieddine.

Takieddine declaró el pasado 19 de diciembre que tenía pruebas que demostraban que esas transacciones financieras superaban los 50 millones de euros.

El mes pasado, Sarkozy fue imputado por presunto "abuso de debilidad" sobre la millonaria anciana heredera del emporio cosmético "LOréal", Liliane Bettencourt, para financiar esa misma campaña electoral.

Según declaró Sarkozy a través de una red social, la imputación es "infundada" e "injusta" y que dedicará toda su energía para demostrar su honestidad.

Si se confirman los hechos que se le imputan a Sarkozy, estos podrían suponerle una condena de tres años de cárcel, 375.000 euros de multa y cinco años inhabilitación.