Este proceso se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset (grupo audiovisual de Berlusconi), bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.

El fiscal Fabio De Pasquale, encargado del caso, señaló que detrás de "los fondos negros" obtenidos en esas supuestas operaciones se encuentran "las huellas dactilares" de Berlusconi, informaron los medios de comunicación italianos.

El juicio, que se inició en 2006 y que ha sufrido numerosas interrupciones, se reanudó en febrero de 2011 tras varios meses suspendido a la espera de que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la llamada ley del "legítimo impedimento", escudo judicial del que se sirvió Berlusconi cuando ocupaba la jefatura del Gobierno para no acudir a las audiencias y que quedó parcialmente invalidado.

Mediaset es uno de los tres procesos que Berlusconi tiene abiertos actualmente, junto al del llamado caso Ruby, en el que está imputado por supuesto abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, y al de la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario "Il Giornale", propiedad de su hermano Paolo.

Por otro lado, el pasado 25 de febrero el Tribunal de Milán declaró la prescripción del delito de corrupción en acto judicial del que estaba acusado por el caso Mills, otro de los juicios que afrontaba el ex primer ministro.