Por enésima vez, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió el lunes más tiempo para pensarlo y el Gobierno de Cataluña se calló. Sobre la mesa del presidente Carles Puigdemont una petición expresa: conocer las garantías con las que cuenta el consistorio antes de permitir la colocación de 1.300 mesas electorales en sus instalaciones de cara al referéndum independentista del 1 de octubre.

Aunque, con más o menos diplomacia, todas las partes dijeron comprender la “difícil” tesitura en la que se encontraba la regidora del principal ayuntamiento de Cataluña, favorable a la consulta pero crítica con la expeditiva forma de llevarla a cabo, el fiscal general del Estado decidió ayer que ese tiempo se ha agotado. Por sorpresa, José Manuel Maza lanzó un ultimátum en toda regla contra el frente independentista al decretar la apertura de diligencias penales contra todos los alcaldes que ya han decidido colaborar en la celebración de la consulta. En caso de no presentarse en dependencias judiciales para ser interrogados, la policía tiene orden de detenerlos.

El listado actual de localidades soberanistas se eleva a estas horas a 712 de los 948 que hay en Cataluña. Ante el volumen de implicados, la fiscalía ha previsto comenzar a actuar contra los alcaldes de los municipios con mayor población, es decir, contra el alcalde de Girona (98.000 habitantes), después contra el de Manresa (74.000), el de Vic (43.000), Igualada (39.000), Martorell (27.000), Palamós (17.000) y así sucesivamente hasta completar el directorio de localidades que hasta ayer actualizaba la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

La instrucción del abogado del estado es un mensaje directo a la alcaldesa de Barcelona de las “graves consecuencias” que le esperan si finalmente intenta ejecutar su promesa de “hacer todo lo posible para que se pueda votar sin que peligre la institución”. El movimiento táctico de José Manuel Maza era algo que se veía venir. De la decisión final del ayuntamiento de la capital barcelonesa depende, en gran medida, el éxito o del fracaso del referéndum al concentrar casi un tercio del censo electoral de toda Cataluña. Otro 15% de la población vive en 11 municipios que ya han anunciado que no apoyarán el referéndum. Se trata de localidades gobernadas por el Partido Socialista entre los que se encuentran cinco de las diez ciudades más pobladas de la región: l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró y Santa Coloma de Gramenet.

Por el momento ya se sabe que no todos los regidores señalados acudirán a la citación judicial. Los 28 alcaldes y 382 concejales del partido anticapitalista CUP anunciaron que no comparecerán ante la fiscalía y se declaran en “rebeldía”. Aún se desconoce la decisión de los regidores de los otros dos partidos independentistas, el conservador PdeCat y Esquerra Republicana, así como una decena más adscritos a la firma catalana de Podemos. De no acatar la orden, la fiscalía advierte en su instrucción que podrían incurrir en delitos de desobediencia, penado con fuertes multas; prevaricación, castigado con la inhabilitación; y en malversación, sancionado con hasta ocho años de cárcel y hasta 20 años de inhabilitación.

Por otra parte, el rey Felipe VI reapareció ayer en público para reafirmar que la Constitución “prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia en democracia”. El monarca aprovechó la entrega de los Premios Nacionales de Cultura que tuvo lugar ayer en la Catedral de Cuenca, para recordar  que frente a quienes se sitúan “fuera de la legalidad y fracturan la sociedad”, está convencido “de que los derechos serán preservados y las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas”.

Más tensa discurrió la sesión parlamentaria de control al gobierno. En la cámara, el presidente Mariano Rajoy dejó claro que a estas alturas del combate ya no hay espacio para negociación alguna aunque dejó abierta la puerta a un posible debate sobre una reconfiguración territorial de España “pero después del 1 de octubre porque ahora es el momento de defender la Constitución frente a quienes quieren liquidarla”. Al ser preguntado si contempla aplicar el artículo 155, lo que equivaldría a suspender la autonomía de Cataluña, Rajoy ha preferido evitar una respuesta contundente aunque, según se conoció ayer, el gobierno sólo habilitaría esa ley de emergencia con el respaldo de PSOE y Ciudadanos, algo casi imposible de lograr. (I)