La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer ante la máxima Corte de Justicia y se hallaba a las puertas de su destitución.

“No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada”, declaró Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, mientras la audiencia comenzaba en la corte.

La fiscal abrió una grieta en el Gobierno cuando hace tres meses calificó como una “ruptura del orden constitucional” los fallos con los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se atribuyó temporalmente las facultades del actual Legislativo, de mayoría opositora.

Esas sentencias desencadenaron el 1 de abril las protestas opositoras que exigen la salida de Maduro del poder y rechazan la Constituyente, con saldo de 90 muertos.

De acuerdo a Telesur, previamente al antejuicio de mérito de Ortega, la Sala Constitucional designó a Katherine Harrington como la nueva vicefiscal.

El presidente de la Sala Constitucional desde el TSJ indicó que se declaró “la nulidad absoluta de la designación hecha por la fiscal general. Se dictó sentencia 532 del 3 de julio de 2017 y se procederá a juramentar al nuevo vicefiscal”.

Este lunes 3 de julio, Luisa Ortega Díaz solicitó a la Asamblea Nacional ratificar la designación del vicefiscal Rafael González, luego de que fuera anulado por el TSJ. El Parlamento aprobó por unanimidad la designación del vicefiscal.

Ante la ausencia de Ortega, el presidente de la corte, Maikel Moreno, indicó que el TSJ decidirá en el plazo de cinco días si enjuicia a la fiscal general.

Este procedimiento está sustentado en lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 374 del Código Orgánico Procesal Penal.

Audiencia por antejuicio de mérito

En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició a las 11:45 la audiencia en la que determinará si Ortega cometió faltas graves para su remoción, a solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño.

Ante los magistrados, Carreño argumentó su solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal, a quien acusa de mentir al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento.

“No los reconozco (a los magistrados), con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular. Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción”, manifestó Ortega. Asimismo, la fiscal desconoció el nombramiento de la abogada Katherine Harrington, quien la sustituiría si es destituida.

“Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución para anular a la última institución capaz de defender a las personas y manifestantes”, vaticinó Ortega, de 59 años.

El diputado Carreño también pidió al TSJ evaluar su salud mental. “Ortega ha incurrido en las faltas de atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa y por el actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”, denunció Carreño.

Con el fin de garantizar el correcto proceso penal, el TSJ acordó prohibir la salida del país a la fiscal y congelar todas sus cuentas bancarias y bienes.

En víspera de la audiencia, el TSJ también anuló la citación de Ortega contra dos generales de la Fuerza Armada, acusados de violar derechos humanos en las protestas.

En tanto, la Contraloría inició una auditoría en las fiscalías.

El ‘orteguización’ contra Maduro

La fiscal Ortega fue acusada por Carreño tras expresar rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, a la que también se opone la oposición. “Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución”.

Desafiando al Gobierno, ella emprendió una batalla contra esa Constituyente, por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acusó a la fiscal general de tener ambiciones presidenciales. “Si se quiere meter en la diatriba política porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la MUD (alianza opositora), debe tomar las decisiones acertadas para eso. Tiene todos los derechos para hacerlo, pero no se puede utilizar una institución tan delicada”, dijo Maduro en una rueda de prensa la semana pasada.

La oposición convoca a marchar

En lo que llamó “la hora cero que marcará una rebelión masiva contra Maduro”, la oposición, que bloqueó las calles, convocó para el 16 de julio un plebiscito simbólico contra la Constituyente, dos semanas antes de la elección de los asambleístas.

Analistas internacionales dan por descontado que habrá juicio contra la fiscal, pero su destitución solo puede ser decidida por el Parlamento, lo que augura un nuevo episodio en la crisis.

Aunque el Legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición lo controla en enero de 2016.

“Estamos ante un intento de golpe de Estado en contra de la fiscal, al querer removerla del cargo fraudulentamente. Quedará más en evidencia el uso político del TSJ y la fractura del bloque de poder”, dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández. El politólogo chavista Nicmer Evans, férreo crítico de Maduro, también consideró el antejuicio “absolutamente ilegítimo y atentatorio a la división de poderes”.

Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, pidió que se realice la prueba del polígrafo a la fiscal, además mostró documentos originales que demuestran que Ortega fue convocada a la designación de los magistrados.

Asimismo, la abogada constitucionalista venezolana María Alejandra Díaz Marín alertó del peligro que representa la amenaza de la ultraderecha opositora de impedir, bloquear y sabotear las próximas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) programada para el 30 de julio.

En un artículo de opinión publicado este martes en el diario Últimas Noticias, titulado ‘Derechos políticos cercenados’, Díaz Marín subrayó que la oposición derechista venezolana intenta hacer fracasar el llamado a la ANC, incluso amenaza con agredir a todo aquel que legítimamente pretenda ejercer su derecho a elegir y a ser electo.

También reiteró el derecho de todos los venezolanos a votar y a ser elegidos por sufragio universal. (I)