Nada volverá a ser igual para el fiscal jefe anticorrupción en España, Manuel Moix. Las estrechas relaciones que mantiene con una empresa 'offshore' afincada en Panamá destapadas esta semana no solo sentencian su prestigio al frente de una oficina clave en la lucha contra la corrupción sino que colocan al gobierno en una situación embarazosa.

Según aireó el diario Infolibre, Moix es propietario del 25% de la sociedad Duchesse Financial Overseas fundada por sus padres en 1988 para comprar una mansión en el municipio madrileño de Collado Villalba y ocultar al fisco que los vendedores eran ellos mismos.

El fiscal anticorrupción heredó parte del control de la empresa panameña en dos fases: la primera tras el fallecimiento de su madre en 2008 y la segunda en diciembre de 2011, cuando murió su padre.

En su turbio comportamiento destaca especialmente que Moix prefirió mantener la propiedad camuflada bajo el paraguas societario de la compañía panameña durante todo este tiempo. Acorralado por las pruebas que le sitúan en el disparadero, el fiscal anticorrupción ha defendido la legalidad de poseer una sociedad en un paraíso fiscal y ha asegurado que no tenía por qué informar de ello. En su opinión, es “perfectamente ético” y “compatible” con su puesto al frente de la fiscalía y no se plantea dimitir. “En principio, no”, declaró ayer.

El motivo alegado por Moix para no disolver Duchesse Financial Overseas es el alto gasto que en España supone el pago del impuesto de plusvalía y de transmisiones, y que en el caso de la mansión de Villalba asciende a 90.000 euros. “Se puede entender que no es correcto estéticamente (su comportamiento), pero hay que valorar si eso objetivamente influye en el ejercicio de mi función”, subrayó con aparente convencimiento.

También indicó que tras revisar todos los supuestos de incompatibilidad que establece el estatuto fiscal español, no ha encontrado ni uno sólo que le impida ejercer funciones ejecutivas paralelas a su trabajo como fiscal. Algo que no es del todo cierto. Las normas de la fiscalía en España prohíben de manera expresa “toda actividad mercantil con ejercicio directo o mediante persona interpuesta”. Un párrafo que Moix prefirió ayer pasar por alto.

Estas revelaciones no podían haber llegado en un peor momento para el presidente Mariano Rajoy, empeñado en “vender” una imagen positiva de España en el exterior y, especialmente, de la lucha implacable iniciada contra la corrupción.

Como era de esperar, todos los partidos políticos, con la única excepción del PP, pidieron su inmediato cese al frente de la fiscalía anticorrupción. Y todo indica que no tardará mucho en producirse. Si el presidente del ejecutivo mostró el martes su confianza en que Moix reunía todos los requisitos para seguir ejerciendo el cargo y que no iba a dejarle en mal lugar pese a lo que empezaba a publicarse, fuentes de La Moncloa comenzaron a reconocer ayer todo lo contrario.

La Agencia Tributaria (AEAT) recibió ayer la orden de abrir una inspección fiscal contra el fiscal en jefe de Anticorrupción y tres de sus hermanos que analizará con lupa la actividad Duchesse Financial Overseas en estos años.

Manuel Moix fue designado fiscal jefe de la oficina anticorrupción el pasado mes de febrero y desde el mismo día de su nombramiento ha estado en el ojo del huracán político y judicial. En primer lugar, fue acusado de estar ideológicamente muy cercano al PP, y más tarde por su falta de experiencia en el área de la corrupción financiera.

Las sospechas pronto desvelaron la realidad

El 13 de marzo opuso seria resistencia a la prórroga de los pinchazos telefónicos a los presuntos miembros de la trama de corrupción del PP madrileño, entre ellos el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Fue el principio de una serie de enfrentamientos internos con los fiscales que llevan este caso conocido como “Lezo”. Un mes más tarde, Moix se opuso a que la policía realizara uno de los registros previstos en el operativo de desarticulación de la trama y así lo ordenó por escrito a los fiscales.

Poco después, decidió destituir a los fiscales encargados de investigar la supuesta financiación irregular de CDC catalán, lo que provocó un cisma irreparable en el ministerio público. No fue el último su enfrentamiento.

Hace unas semanas se conoció que maniobró para apartar al fiscal encargado de la Operación Lezo. Y para aumentar aún más la sombra de la sospecha que se cernía sobre Moix, su nombre apareció en el sumario. En una de las comunicaciones telefónicas intervenidas, el ex ministro del PP Eduardo Zaplana trató de tranquilizar al hoy detenido Ignacio González avanzándole el inminente nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción. Aquella conversación se grabó en enero y su designación se produjo a finales de febrero. (I)