Más de 1,2 millones de personas firmaron en dos días una petición dirigida al Tribunal Supremo español para reclamar la inhabilitación de los jueces que exculparon a cinco hombres -autodenominados La Manada- de violación de una chica de 18 años para condenarlos solo por abuso sexual.

Los acusados, cinco sevillanos de entre 27 y 29 años que se hacían llamar "La Manada", fueron condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una madrileña de 18 en el recibidor de un inmueble durante las fiestas de San Fermín de 2016.

El grupo la dejó allí medio desnuda, después de tomarse el tiempo de robarle el teléfono móvil. Ellos mismos grabaron los hechos en unos vídeos que después compartieron jactándose con sus amigos y que se convirtieron en una pieza clave del proceso.

Los jueces descartaron la violación, para la que el Código Penal español considera que debe haber "intimidación" y "violencia".

No obstante, los jueces reconocieron que "es inocultable que la denunciante se encontró repentinamente en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión; al percibir esta atmósfera se sintió impresionada y sin capacidad de reacción".

"Dado que el tribunal encargado de dictar sentencia en el juicio de 'La Manada' entiende que no existió violencia e intimidación en este caso, solicito la inhabilitación de los magistrados que componen el mismo", empieza diciendo la petición en internet.

El texto, lanzado por una española de 38 años, lamenta que haya "jueces y magistrados que consideren que para que exista agresión sexual no basta con que 5 hombres agredan a una joven indefensa y en estado de embriaguez a la que, posteriormente, abandonaron y robaron el teléfono".

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, señaló en un comunicado publicado el viernes 27 de abril que "el tribunal ha valorado minuciosamente [...] todos los elementos de prueba aportados por las partes".

Aunque admite que cualquier decisión judicial puede ser criticada, Lesmes lamenta las "descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas" y concluye que "los jueces y magistrados [son] el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas".

La fiscalía y la región de Navarra, la parte civil, anunciaron el viernes que apelarán la decisión.

El malestar es tan grande que el viernes el gobierno del conservador Mariano Rajoy anunció que estudiará una eventual proposición de reforma del código penal para los delitos de índole sexual. (I)