Granada.- Más de un centenar de familias de Andalucía (sur de España) se sumaron a la petición de un afectado por el supuesto robo de su bebé en la provincia andaluza de Granada -durante la época del franquismo- aceptada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para continuar con la investigación del paradero de sus familiares.

Los parientes de supuestos niños robados tras su nacimiento,  hechos ocurridos en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), se concentraron ayer ante la Fiscalía granadina para reivindicar que se investiguen sus casos y rechazar el archivo de sus denuncias.

En el encuentro manifestaron que la falta de acciones judiciales está propiciando que las madres afectadas mueran sin conocer el paradero de sus hijos, como ocurrió con la madre de la portavoz de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) en Granada, Angustias Rodríguez.

“La de hoy es una concentración emotiva porque una mujer murió sin conocer a su hija. Venimos a que se nos vea, a que se nos oiga, después de que el Parlamento Europeo ya ha mostrado su preocupación mientras en España se mira para otro lado”, explicó Eduardo Raya, presidente de la Asociación de Afectados por la desaparición de niños en democracia (ADN-D).

Raya denunció el supuesto robo de su hija, nacida en un hospital de Granada en junio de 1990, y el pasado mes de mayo recibió una carta de la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, en la que le comunicaba la reapertura de su caso.

El Parlamento Europeo explicó a Raya que había decidido solicitar a la Comisión Europea “información adicional” sobre los  aspectos del problema, una petición a la que se sumaron otras familias granadinas.

La portavoz de Aberoa detalló que, desde mediados de este mes, tramitarán la petición de acciones al Parlamento Europeo de un centenar de familias granadinas, a las que se sumarán afectados por supuestos robos de bebés de Andalucía y el resto de España.

Solo una causa abierta

La única causa abierta sobre los crímenes del franquismo, que incluye denuncias por 114 mil desapariciones y asesinatos y 30 mil bebés sustraídos a los que se les cambió la identidad ni bien estalló la Guerra Civil, dio un vuelco a favor de sus víctimas hace pocos días, cuando el juez español Baltasar Garzón declaró ante su par argentina María Servini de Cubría, para apoyar como testigo la investigación abierta en Buenos Aires.

El que fuera juez instructor de la única causa que se abrió en España para investigar los crímenes franquistas, iniciativa que le valió haber sido apartado por la Corte española, explicó ante la jueza que ese proceso que luego se vio abortado comenzó en diciembre de 2006, cuando comenzó incorporar al sumario las querellas de distintas víctimas, organizaciones de víctimas y organismos de derechos humanos. “Los hechos denunciados se referían a la represión iniciada y desarrollada por el régimen franquista y las autoridades civiles y militares que lo representaban”, señaló Garzón.

El exjuez reconoció “la existencia de un plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños”, sino que además presentó documentación que muestra a la dictadura de Francisco Franco como ejecutora de una “política de eliminación, tortura y desaparición de miles de víctimas”.

El testimonio duró dos horas y se realizó en el despacho de la jueza, delante de los doctores Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beinusz Szmukler, representantes de las familias denunciantes.

Garzón confirmó la imposibilidad de investigar los crímenes del franquismo en España, lo que permite a Argentina tomar parte activa en la investigación de los delitos del franquismo en base a los principios de justicia universal, explicó Castex.

La comparecencia de Garzón ante Servini es uno de los mejores apoyos que podía recibir ahora el proceso, precisamente cuando desde España las autoridades intentan impedir por todos los medios que doce víctimas del franquismo declaren por videoconferencia ante la magistrada. “Queda de manifiesto que (la causa abierta en Argentina) es la única posibilidad que tienen las víctimas para alcanzar y tratar de averiguar la responsabilidad penal de los autores por los cuales se querellan, y alcanzar así la verdad y la justicia”, concluyó Castex.