Buenos Aires.- La violencia arraigada en Argentina y la falta de democratización en las fuerzas de seguridad fueron caldo de cultivo del motín de policías y la ola de saqueos de los últimos días, que han dejado al menos doce muertos y decenas de heridos en distintas provincias, indicaron analistas.

Al encabezar el martes los actos y el festival popular por los 30 años de democracia ininterrumpida en el país, la presidenta Cristina Fernández dijo que así como “se logró la incorporación de las Fuerzas Armadas al proceso democrático, hay que hacer lo mismo con las policías provinciales. Los saqueos fueron planificados”.

Tres décadas después de la dictadura, con 370 jefes y oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, los militares permanecen en calma en sus cuarteles, pero la policía no ha sido reformada.

Ciudades de varias provincias se convirtieron en tierra de nadie durante una semana de pánico para millones de pobladores, que incluso se armaron con rifles, palos y hachas para defender sus viviendas y comercios ante  la ausencia de los policías amotinados y en huelga en demanda de mejores salarios.

Anteriormente los pillajes “estuvieron relacionados a las grandes crisis económicas (1989 y 2001), pero actualmente tienen lugar en grandes ciudades vinculados a tensiones sociales, avances del narcotráfico y el crimen organizado”, dijo el politólogo Rosendo Fraga, de la consultora Nueva Mayoría.

“Una de las grandes deudas de la democracia es la democratización de las fuerzas policiales. Tienen vínculos con el crimen organizado y capacidad para graduar la intensidad de la violencia urbana”, opinó, por su parte, el investigador Ricardo Ragendorfer.

A diferencia de los saqueos por hambre y manifestaciones populares por la crisis económica de 2001, la tensión -que tendía a ceder ayer- la iniciaron grupos organizados desde las redes sociales y movilizados en camionetas y motos, según denuncias oficiales.

El Gobierno argentino acusó a grupos políticos de organizar los saqueos y  la huelga de policías, a los que denunciará penalmente por abandonar la seguridad pública. “De manera concomitante con manifestaciones policiales, se produjeron atentados colectivos contra la propiedad”, según un documento de la Procuraduría.

Los disturbios estallaron en Córdoba (en el centro), la segunda provincia con mayor población, y se propagaron como reguero de pólvora a 20 de los 24 distritos del país.

Las policías provinciales que iniciaron la medida suman unos 200.000 efectivos, en tanto la fuerza Federal, que no se plegó al motín, orilla los 44.000, pero el régimen tuvo que echar mano a unos 34.000 policías militarizados de Gendarmería para restablecer el orden.

Los uniformados reclaman un salario de 12.500 pesos ($ 2.000), informó el secretario general del Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Masi.

Las pérdidas

Según un informe de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fueron saqueados más de 1.250 comercios, una situación que produjo como mínimo pérdidas económicas por más de $ 91 millones.

El distrito más afectado fue Córdoba con mil comercios afectados y pérdidas por $ 50 millones. Le sigue Tucumán, con unos 250 locales dañados y pérdidas por $ 12 millones.

El jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, afirmó que el gobierno avizora una normalización en cada uno de los distritos que se registraron conflictos con las policías provinciales, que desataron en algunos de ellos actos de vandalismo y violencia que alteraron el orden ciudadano.